También se ha reiterado lo aprobado en el Pleno de abril de 2017 en el que se acordó que se compensase al Ayuntamiento de Getafe por las cantidades dejadas de percibir por exenciones del IBI a las confesiones religiosas
GETAFE/ 7 FEBRERO 2018/ El Ayuntamiento de Getafe ha aprobado hacer extensiva la sentencia del pago del Impuesto de Construcciones Instalaciones y Obras (ICIO) por el colegio de Los Escolapios a otros inmuebles de la Iglesia en Getafe, tras salir adelante una moción de los dos concejales del POSI en el Pleno de este miércoles, con la ausencia de sus compañeros de Podemos en Ahora Getafe en el momento de la votación.
De este modo, se tendrá que hacer extensiva la sentencia, “en la mayor brevedad posible”, según se señala en la moción presentada por los concejales Javier Alcolea y Enrique Herrero, que ha contado con el voto a favor de PSOE, IUCM-LV y la concejala no adscrita, la abstención de Cs y el voto en contra del PP.
En la propuesta se recuerda un informe de los servicios técnicos municipales en el que se refleja la existencia de alrededor de 60 millones de euros en valor catastral, más de 250.000 euros anuales de exención del IBI y propiedades en Getafe que nada tienen que ver con el culto, tales como editoriales o parcelas vacías, pertenecientes a algún tipo de confesión religiosa, particularmente la Católica.
También se ha reiterado lo aprobado en el Pleno de abril de 2017 en el que se acordó que se compensase al Ayuntamiento de Getafe por las cantidades dejadas de percibir por exenciones del IBI a las confesiones religiosas.
Asimismo, se instó al Gobierno central y a las Cortes Generales a que se suprima de la Ley de Haciendas Locales y de la exención del IBI a la Iglesia Católica y a otras confesiones religiosas, así como a sus organizaciones, centros de enseñanza y proselitismo religioso.
Por último, se pide que con la mayor celeridad posible se aborde la reforma de la Ley de Fundaciones y Mecenazgo para evitar que la Iglesia Católica y otras confesiones religiosas sigan exentas del IBI y que se denuncien y se deroguen los acuerdos concordatarios del Estado español con la Santa Sede de 1979, especialmente el de Asuntos Económicos.