A raíz de las denuncias por nuevas contrataciones y por los procesos selectivos en el CIFE
FUENLABRADA / 18 SEPTIEMBRE 2018 / Las secciones sindicales de UGT y CC OO en el Ayuntamiento de Fuenlabrada, así como el sindicato Plataforma de Trabajadores en el Ayuntamiento (PTAF), han acusado a la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSI-F) de “acosar a los trabajadores del Consistorio” mediante “comunicados incendiarios carentes de veracidad” y “denuncias judiciales deficientes de fundamentos jurídicos”.
En un comunicado conjunto, las tres entidades responsabilizan a CSI-F de “difundir información que injuria y calumnia a compañeros con nombres, apellidos, sueldos y salarios, sin respetar la Ley de Protección de Datos”.
La Central Sindical denunció recientemente el nombramiento de la asesora E.R. -familiar del exalcalde Manuel Robles– y cargó contra el resto de secciones sindicales de la mesa de negociación. Ante ellos, UGT, CC OO y PTAF han asegurado que nunca tuvieron “voz ni voto” en ese nombramiento.
El “peor acoso”, en el CIFE
Los firmantes del comunicado aseguran, no obstante, que el “peor acoso” lo vienen sufriendo los trabajadores del Centro de Iniciativas para la Formación y el Empleo (CIFE), por el proceso de permitió la funcionarización de varios de ellos.
Según los denunciantes, CSI-F “lo denunció por todas las vías posibles”, obteniendo “reiteradamente sentencias desestimatorias”, por lo que le acusan de haber dado información “con la mezquina intención de dañar la imagen pública del Ayuntamiento, del resto de las secciones sindicales y de los trabajadores del CIFE”.
Por ello, han instado a la Central Sindical a que “abandonen la persecución de trabajadores del CIFE”, ya que “no vale todos para dar salida a sus intereses políticos y sindicales”.
Desde el CSI-F, por su lado, han señalado que en los procesos selectivos del CIFE “no se garantiza la publicidad y la garantía jurídica para que cualquier ciudadano pueda tener acceso a este tipo de empleo”.
En este punto, desde la Central han solicitado actualizar las bolsas de empleo para no tener que recurrir a procesos selectivos “sin la garantía legal de pública concurrencias, igualdad, mérito y capacidad”.
