El Juzgado de Instrucción número 2 de Alcorcón ha propuesto la apertura de juicio oral contra la edil del PP de Alcorcón Susana Mozo, investigada por presunta malversación y de prevaricación en la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA) por un valor de 34 millones de euros.
Según ha avanzado el diario ‘El País‘, y han confirmado a Noticias para Municipios fuentes municipales, Mozo, en calidad de consejera delegada de la Empresa de Gestión Inmobiliaria (Emgiasa), firmó en 2012 el contrato de liquidación de las obras del CREAA cuando, según el juez, “carecía de los poderes necesarios” para una transacción por un montante tan alto.
Además, el juez ve indicios de que la liquidación del contrato se hizo “sin los informes técnicos preceptivos”, por lo que entiende que ha podido cometer los delitos de malversación y de prevaricación, recogidos en los artículos 432 y 404 del Código Penal.
De esta manera, el juez considera que la edil del PP “firmó en su condición de cargo público aprobado por el Ayuntamiento de Alcorcón sin tener poderes para ello, al carecer de facultades especiales” para resolver el contrato del CREAA, ya que estaba facultada “únicamente para firmar contratos hasta el límite de 90.000 euros”.
Los hechos se remontan al año 2012, cuando era alcalde el actual consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez (PP), y segunda teniente de alcalde, Susana Mozo, que además era la consejera delegada de Emgiasa, que el 28 de febrero de 2012 presentó un concurso voluntario de acreedores.
Liquidación de obras del CREAA
En aquel entonces, Emgiasa reconoce que mantiene una deuda de 33.993.505 euros por la construcción del CREAA, un complejo artístico de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana, pero cuyas obras no acabaron de terminarse por la llegada de la crisis.
De esta manera, Mozo habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según el juez, no estaría facultada al exceder “el límite de 90.000 euros”.
En concreto, la empresa municipal abonaría algo más de 29 millones de euros por certificaciones de obra y devoluciones de retenciones en metálico, mientras que el capital restante (4,97 millones) se saldarían con la entrega de bienes inmobiliarios -aparcamientos y locales, entre otros-, mediación la dación en pago.
Estos hechos fueron denunciados por la actual alcaldesa de Alcorcón, Natalia de Andrés (PSOE) en marzo de 2019 y, aunque en una primera instancia, fue archivada por el juzgado de Alcorcón, la Audiencia Provincial de Madrid obligó a reabrir el caso y estudiarlo a fondo, personándose también el Ayuntamiento en el mismo.
Ahora, el juez ha dado traslado al fiscal y a la acusación particular, ejercida por Natalia de Andrés y por el Ayuntamiento, para que formulen acusación contra la concejal del PP, pidan el archivo de la causa o incluso soliciten pruebas complementarias antes de que se dicte el auto de apertura de juicio oral o de sobreseimiento.
Fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que tanto la regidora socialista como el Ayuntamiento pedirán que la edil popular sea juzgada por estos indicios, aunque de momento no se conoce lo que solicitará la Fiscalía.