La Comunidad de Madrid anunció ayer la terminación de las primeras 274 viviendas del Plan Vive de alquiler a precio asequible. Sin embargo, desde el Gobierno municipal, formado por PSOE, Ganar Alcorcón y Más Madrid, han criticado que «los precios son demasiado altos, especialmente para ser vivienda pública».
Así lo ha dejaba caer la alcaldesa, Candelaria Testa: «Lamentamos que, debido a las exigencias económicas requeridas para acceder a dichas viviendas y al alto precio de las mismas, muchos vecinos y vecinas de la ciudad no hayan podido optar como solicitantes de este plan regional».
Aunque la regidora socialista ha dado la bienvenida a estas viviendas, «necesarias para la ciudad y para nuestros vecinos y vecinas de Alcorcón», ha insistido en que «el modelo regional dista bastante del que impulsamos desde las políticas municipales de vivienda».
Requisitos «menos exigentes»
«Desde el Gobierno municipal planteamos vivienda pública con requisitos económicos menos exigentes y accesibles a colectivos vulnerables«, ha añadido, reiterando que «Alcorcón tiene muy claras sus prioridades, basadas en facilitar desde las administraciones públicas el acceso a la vivienda a aquellos que más lo necesitan».
Aún así, la alcaldesa ha indicado que se ponen «a disposición del consejero y de la Comunidad de Madrid para la puesta en marcha de estas viviendas y las 600 viviendas de la segunda fase que se construyen en el Ensanche Sur«.
«Desde el Ayuntamiento reiteramos nuestra disposición a seguir ofreciendo nuestra plena colaboración institucional para facilitar el desarrollo de estas viviendas y con el fin de evitar problemas como el ocurrido con la apertura del proceso de inscripción en el que se produjo una posible vulneración de datos personales«, ha subrayado.
No resuelve el problema de la vivienda
En la misma línea, el teniente de alcalde y portavoz de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, ha reiterado que «los pisos del Plan Vive para Alcorcón no resuelven el gran problema de precios de vivienda en alquiler que sufren nuestros vecinos y vecinas».
«Este plan es insuficiente, se demostró el día que se abrió la inscripción, en cuestión de minutos se colapsaron las vías de registro debido a la altísima cantidad de solicitudes. Los precios son demasiado altos, especialmente para ser vivienda pública», ha añadido.
En este sentido, Santos ha recordado que estos inquilinos deberán pagar IBI y gastos de comunidad por lo que una vivienda de 2 habitaciones ronda los 800 euros y uno de 3 habitaciones los 1.000 euros.
«Alcorcón necesita medidas eficaces que atajen el problema del mercado. Por eso en diciembre aprobamos la solicitud de declaración de zona tensionada para poder limitar los precios del alquiler», ha concluido.