El Ayuntamiento de Alcorcón ha avanzado que tanto la alcaldesa en funciones, Natalia de Andrés (PSOE), como su servicios jurídicos están estudiando la posibilidad de recurrir la sentencia que ha absuelto a la edil del PP en Alcorcón Susana Mozo del delito de prevaricación al que se enfrentaba por la liquidación de las obras del Centro de Creación de las Artes (CREAA).
Fuentes municipales han señalado a Noticias para Municipios que los servicios jurídicos del Ayuntamiento están estudiando el asunto y añaden que, si hay informe favorable, se interpondrá el recurso correspondiente, ya que sobre la sentencia cabe recurso de apelación en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado en su auto que «no ha quedado probado» que Mozo llevara a cabo la firma del contrato de resolución «con el fin de satisfacer algún interés propio o de terceros ajeno al interés de la empresa pública de la que era consejera delegada».
Los hechos se remontan al año 2012, cuando siendo Mozo consejera delegada de Emgiasa, la empresa reconoce que mantiene una deuda de casi 34 millones euros por la construcción del CREAA, un complejo artístico de 66.000 metros cuadrados, ideado por el exalcalde socialista Enrique Cascallana, pero cuyas obras no se terminaron.
De esta manera, la edil habría autorizado la liquidación de esos cerca de 34 millones de euros con la firma de un contrato con una unión temporal de empresas (UTE), formada por FCC Construcción y Ferrovial Agroman, algo para lo que, según señalaba la Fiscalía, no estaría facultada al exceder «el límite de 90.000 euros».
Sin embargo, la sentencia deduce que Mozo «estaba facultada» para la resolución del contrato de la UTE ya que, en cumplimiento con «el propio contrato firmado en el año 2008», este «no suponía una nueva contratación o disposición de fondos» como se ha venido afirmando por parte de los querellantes.
Una «rectificación inmediata»
Tras conocer la sentencia, Mozo ha exigido al Ayuntamiento de Alcorcón y a la alcaldesa en funciones, Natalia de Andrés, querellantes en el caso, «una rectificación inmediata y pública utilizando los mismos medios que utilizó durante este proceso para dar difusión a la denuncia por un presunto delito de prevaricación».
Mozo ha solicitado esta rectificación «con el único efecto de intentar paliar el grave menoscabo sufrido en si persona durante los cuatro años que ha durado este procedimiento judicial», según ha señalado en un comunicado.
En el mismo, también solicita a la aún regidora en funciones «la celebración de un Pleno extraordinario urgente para que dé cuenta pública de esta sentencia al igual que hizo -fuera de todo escrúpulo- con los diferentes autos y resoluciones durante este proceso para la restitución de su buen nombre, honor, imagen y recto proceder».
«La instrumentalización de la justicia ha sido consentida por el propio Ayuntamiento, gobernado por el PSOE y Podemos, quien, a partir de 2019, se plegó a los intereses particulares de Natalia de Andrés, y otros consejeros socialistas condenados por la quiebra de Emgiasa, en vez de destinar sus recursos en interés público», ha añadido.