También pide que las dote de los medios precisos para desarrollar pruebas diagnósticas frente al coronavirus
ALCORCÓN/ 21 ABRIL 2020/ El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ordenado a la Consejería de Sanidad de la Comunida de Madrid que dote “de inmediato” a las cuatro residencias de Alcorcón del personal sanitario necesario y de los medios precisos para desarrollar pruebas diagnósticas frente al coronavirus.
La sección octava de la Sala de lo Contencioso adopta de esta forma la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de esta localidad ante la urgencia de la situación que atraviesan las cuatro residencias ubicadas dentro del término municipal, ha informado este martes el TSJM.
Dichos centros son la Residencia de Mayores de la Comunidad de Madrid, Residencia de Mayores Campodón, Centro Residencial de Mayores Amavir y Centro Residencial de Mayores Sanitas.
El Ayuntamiento de Alcorcón solicitó la medida cautelarísima ante la falta de respuesta por parte de la Consejería de Sanidad, pese a haberse dirigido a sus responsables en tres ocasiones, según consta en el auto.
La Sala de lo Contencioso, no obstante, ha tomado también en consideración para adoptar su decisión los dos informes emitidos por el Servicio de Bomberos y Protección Civil, en los que se expone la situación de extrema gravedad en que se encuentran las citadas residencias.
Según los informes, desde el 29 de marzo han fallecido 116 residentes y a día de hoy habría otras 143 personas contagiadas necesitadas de tratamiento médico, así como un porcentaje del 50 por ciento del total de residentes (579) que, aun siendo asintomáticos, “habrían dado resultados positivos en los test PCR”.
Riesgo de contagio
En las residencias, dice el escrito que da inicio al procedimiento, “existe un inminente riesgo de contagio masivo entre los residentes y trabajadores de los centros, así como un riesgo de muerte apremiante para un gran número de ellos”, precisa el TSJM.
Asimismo, la Sala adopta su decisión también al entender que el número de personas afectadas no es sólo cuantitativamente significativo, sino “cualitativamente relevante”, pues quienes viven en centros de mayores se encuentran en esa franja de edad en la que el Covid-19 resulta “notoriamente más letal”.
“Es ésta una razón más, por la que el derecho a la protección de la salud, consagrado con carácter general en la Constitución, debe considerarse aquí y ahora con una mayor intensidad, si cabe, en su necesaria salvaguarda”, recalca el fallo judicial.