La publicación de la Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) de 2025 ha destapado un problema tan grave como sensible con respecto a la red de protección contra la violencia de género. Esta es la falta de recursos del sistema que afecta a todos los actores del proceso.

El que se ha hecho más evidente a raíz de la denuncia pública del Sindicato Unificado de Policía (SUP) es el de los fallos detectados en los dispositivos telemáticos de protección a víctimas de violencia de género. Son las conocidas “pulseras antimaltrato” cuyos fallos se registraron durante el primer trimestre de 2024.


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