El Gobierno ha dado luz verde a una inyección económica cercana a los 180 millones de euros destinada a reforzar la lucha contra la violencia de género en todo el territorio. La propuesta, impulsada por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, fija el marco para distribuir estos recursos entre las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla.
No obstante, el reparto definitivo y los importes se concretarán la próxima semana en el marco de la Conferencia Sectorial de Igualdad.
La mayor parte de la financiación, 160 millones de euros, se canalizará a través del desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, renovado recientemente. Estos fondos permitirán sostener y ampliar proyectos autonómicos orientados a combatir la violencia machista en sus distintas formas. Eso sí, dentro del ámbito competencial de cada territorio y con aplicación a lo largo de todo el ejercicio.
Importes según realidades
El sistema de reparto no será homogéneo y se basará en una serie de variables diseñadas para ajustar la financiación a la realidad de cada comunidad. Entre los criterios que se tendrán en cuenta figuran factores como la insularidad o la condición de territorio fronterizo, así como la distribución demográfica de las mujeres.
Mujeres vulnerables, con discapacidad, extranjeras, desempleadas, residentes en entornos rurales serán parte de las beneficiadas de los programas de atención a víctimas.
En este análisis adquieren especial peso colectivos considerados más vulnerables, como las mujeres mayores de 65 años, las extranjeras, aquellas con discapacidad, las que se encuentran en situación de desempleo o con empleo precario. También se incorporan elementos como la densidad de población o el peso del entorno rural.
Contra la violencia sexual
Además de esta partida principal, el Ejecutivo ha aprobado la distribución de otros 19,8 millones de euros destinados a programas autonómicos específicos dirigidos tanto a víctimas de violencia de género como de violencias sexuales. Esta financiación, incluida en el presupuesto de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, se articula en cuatro líneas de actuación diferenciadas.
Por un lado, 8,5 millones de euros se dedicarán a programas de asistencia social integral para víctimas de violencia de género y otras formas de violencia contra las mujeres. A esta línea se suma una dotación de un millón de euros destinada a la implementación de planes personalizados de atención.
En paralelo, se reservan 9,5 millones de euros para reforzar programas de apoyo a víctimas de agresiones y abusos sexuales. Por otro lado, los 800.000 euros restantes se orientarán a iniciativas de prevención de abusos sexuales en menores tuteladas.
Este paquete económico configura una de las principales herramientas de financiación pública para sostener las políticas autonómicas en materia de violencia machista. En este caso concreto, con un enfoque que combina atención directa a las víctimas, prevención y adaptación a las distintas realidades territoriales.