El Congreso prevé aprobar en los próximos días una dotación económica de hasta 1.500 millones de euros destinada al pacto de Estado contra la violencia de género. Dicha cantidad supone un incremento del 50 % del presupuesto anterior, cuyo dictamen definitivo se tratará en la Comisión para la evaluación y seguimiento del pacto de Estado.
De salir adelante, una vez debatidos los votos particulares de los grupos en la comisión, junto con el resto del contenido del dictamen, el pleno de la Cámara Baja lo debatirá y lo votará. Tras ello, el nuevo pacto renovará el que respaldó el Congreso en 2017 y tendrá una vigencia de 5 años.
Así lo han confirmado fuentes parlamentarias a diferentes agencias de noticias sobre parte del contenido del dictamen que la subcomisión creada para ello en el Congreso aprobó el lunes gracias al respaldo de todos los grupos menos Vox. EH Bildu aún no ha desvelado su posición definitiva.
160 millones al año para comunidades y ayuntamientos
Con el objetivo de hacer efectiva la lucha contra la violencia de género, el Pacto de Estado dotará anualmente a las administraciones autonómicas con 160 millones de euros (un 60% más) y a los ayuntamientos, con 40 millones (un 50% más), de acuerdo con las cifras dadas por las fuentes a EFE.
Así mismo, los grupos pretenden introducir medidas importantes, hasta ahora no tenidas en cuenta, como son la tipificación como delito de la violencia económica ejercida contra las mujeres por parte de sus parejas o exparejas, y la protección de la infancia frente a la violencia machista. Esta última será uno de los ejes que vertebre el nuevo pacto.
En el caso de la violencia económica contra la mujer, el Convenio de Estambul contempla esta forma de control y sometimiento como un tipo específico de violencia machista, cuya inclusión como delito estaba pendiente en España. Entre las formas de ejercerla, contempla los impagos de pensiones alimenticias, privaciones de recursos o la prohibición a tener un empleo.
Más formación para atender a menores víctimas
Otras de las propuestas del nuevo pacto de Estado tiene que ver con la mejora de la formación de profesionales en contacto con niños, niñas y adolescentes, que atiendan casos de violencia vicaria. Igualmente, aboga por revisar los protocolos de valoración de riesgo para que tengan en cuenta a las víctimas menores de edad.
El pacto de Estado quiere formar sobre ‘peritaje informático’ a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La propuesta sobre la formación también se amplía al conocimiento de Internet, ya que las redes sociales son una expresión cada vez más habitual de violencia con la mujer. Por ello, el pacto de Estado quiere centrar también la instrucción sobre ‘peritaje informático’ a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
En este sentido, los grupos parlamentarios tienen la intención de incluir una ley particular que proteja a los menores de los entornos digitales, con apartados específicos sobre la prevención del acceso a la pornografía, entre otros temas.
Por último, el pacto tendrá en cuenta de forma concreta a las víctimas con discapacidad, a las del ámbito rural, a las españolas en el extranjero y a las migrantes en España.