Miguela Novas Novoa tenía 35 años y tres hijos cuando su pareja la mató. Había intentado romper la relación y, según el escrito de acusación del Ministerio Público, él «no aceptaba su decisión».
Había impuesto sobre ella «una situación de sometimiento y dominación» que desembocó en la muerte de Miguela, la madrugada del 24 de septiembre de 2023 en un domicilio de Villaverde, en Madrid. Aquel no fue un episodio aislado ni una discusión que se fue de las manos. Fue el punto final de un proceso de violencia sostenida.
Casi tres años después, un jurado popular de la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado por unanimidad culpable de asesinato al hombre que acabó con la vida de Miguela. El veredicto, emitido esta semana, incluye la agravante de género y el jurado descartó aplicar las atenuantes de alteración psíquica, consumo de drogas y confesión que había solicitado la defensa.
25 años de prisión
Aunque el acusado había reconocido los hechos durante el primer día del juicio, la sala consideró que esa confesión no merecía la rebaja de la pena que se pretendía. Con todo, la Fiscalía ha pedido para él 25 años de prisión por un delito de asesinato con las agravantes de parentesco y discriminación por razón de género, más 35 años de prohibición de aproximación y comunicación con los familiares de Miguela, y libertad vigilada posterior a la pena de cárcel.
El relato reconstruido en el juicio muestra cómo el acusado había ejercido sobre Miguela un control que iba más allá de las agresiones físicas. Según el testimonio de la familia, cuando él viajaba a Italia por trabajo, la coaccionaba con fotografías de sus hijos pequeños mientras jugaban en el parque.
Leticia, la hija mayor de Miguela, había acudido por su cuenta a la comisaría antes del crimen para denunciar lo que su madre estaba viviendo.
«La amenazaba con fotos nuestras para hacerla volver como fuera. Él creía que mi madre era suya», declaró Leticia, la hija mayor, que tenía recién cumplida la mayoría de edad cuando quedó a cargo de sus hermanos pequeños. La propia Leticia había acudido por su cuenta a la comisaría antes del crimen para denunciar lo que su madre estaba viviendo.
Alevosía y ensañamiento
La noche del asesinato, Miguela recibió 45 puñaladas en la cara, el cuello, los brazos, el tórax y las piernas. La Fiscalía considera que concurrieron alevosía y ensañamiento, al entender que el acusado «aumentó deliberadamente e inhumanamente» el sufrimiento de la víctima con heridas que no eran necesarias para causarle la muerte. Pese a todo, Miguela no perdió el conocimiento y logró salir del domicilio y pedir ayuda a los vecinos antes de fallecer a consecuencia de un shock hipovolémico.
Miguela fue la víctima número 49 de la violencia machista en 2023. Dejó tres hijas, dos menores de edad en el momento del crimen y una hija mayor, Leticia, que tuvo que asumir de golpe la carga de sostener a la familia.
Un comité de crisis con su nombre
Lo que vino después fue, si cabe, un añadido más a la devastación de la familia, porque en enero de este año, fue desahuciada de la casa en la que vivían con la abuela de las menores, por una deuda hipotecaria.
Durante todo este tiempo, también tuvieron dificultades para obtener el reconocimiento oficial como víctimas de violencia de género, lo que les impidió acceder a ayudas como las becas de comedor escolar para las pequeñas que concede la Comunidad de Madrid. Un hecho que ocurrió este pasado mes de abril.
Ahora, la Fiscalía reclama indemnizaciones de 241.000 euros para cada una de las niñas , 111.500 euros para Leticia y 86.000 euros para la abuela.
El asesinato de Miguela dio lugar a la constitución de un comité de crisis con su nombre, un mecanismo que el Ayuntamiento de Madrid activa tras cada feminicidio para coordinar instituciones y establecer medidas de reparación.