17 mujeres asesinadas por violencia de género en lo que llevamos de 2026, a falta de confirmar el reciente asesinato de Melisa, en Seseña (Toledo). Más de 100.000 casos activos de violencia de género en el Sistema de Protección Integral, VioGén.
De ellos, más de 54.000 incluyen menores a cargo en situación de vulnerabilidad, de los cuales, hay identificados cerca de 1.500 menores en riesgo por violencia vicaria, y más de 1.200 adolescentes son víctimas directas. Desde 2013, hay registrados 68 menores asesinados y en lo que llevamos de 2026, tres de esas criaturas, asesinadas a manos de las parejas o exparejas -hombres- de sus madres.
«Lavado de coco» a los hijos por parte de las madres
Con todo y con eso, hay un magistrado, David Maman Benchimol, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 8 de Madrid, que considera que las mujeres que acuden a los juzgados mienten. Se da la circunstancia de que Benchimol es el juez que denegó la orden de protección a la agente de policía que denunció al ex director adjunto operativo (DAO), José Ángel González, por acoso sexual.
En concreto, el magistrado tiene opiniones muy concretas de las pretensiones de las víctimas de violencia de género que acuden a denunciar. En una ponencia organizada en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, y delante de un foro repleto de abogados, sostuvo que muchas denuncias que llegan a los juzgados “no tienen demasiado sentido”. Y que responden exclusivamente a una supuesta “caza de la orden de protección” por parte de las mujeres.
También cuestionó que las mujeres cuenten con asistencia jurídica gratuita, “aunque tengan un millón de euros en la cuenta”, y afirmó que «se le dan muchas facilidades». No le tembló la voz al afirmar que algunas madres realizan un “lavado de coco” a sus hijos en procesos de separación, que terminan alejándolos de los padres y que la mujer “es una enemiga acérrima de la guarda y custodia compartida”, desconfiando del padre incluso sin pruebas.
Reacciones en masa de la judicatura
Estas afirmaciones han sido consideradas por el Ministerio de Igualdad como incompatibles con la función judicial. De hecho, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez Perza, ha remitido una carta al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), solicitando la apertura de diligencias informativas y, en su caso, un expediente disciplinario por posible falta grave.
El magistrado David Maman Benchimol es el mismo que lleva la causa de la agente de policía que denunció por acoso sexual al ex DAO.
En el escrito se señala que las manifestaciones del juez son “manifiestamente incompatibles con los deberes de imparcialidad, respeto y sujeción al ordenamiento jurídico”.
Tampoco se ha hecho esperar la reacción institucional. La ministra de Sanidad, Mónica García, ha calificado las palabras de “una gravedad y de un machismo impresionante”, advirtiendo de que reflejan la persistencia de sesgos en las instituciones. En paralelo, asociaciones judiciales como Juezas y Jueces para la Democracia han recordado en un comunicado que la perspectiva de género no es una ideología, sino una obligación legal.
Denunciado ante la Fiscalía
También desde la sociedad civil han llegado críticas contundentes. La Asociación Stop Violencia Vicaria ha denunciado al magistrado ante la Fiscalía al considerar que sus declaraciones podrían vulnerar el marco normativo vigente. Su portavoz, Andrea Cabezas, planteó públicamente la inquietud que generan estas palabras: “Si dice esto cuando está siendo grabado, formando a profesionales, ¿qué ocurre dentro de su sala?”.
En la misma línea, María Martínez, al frente del colectivo Madres Protectoras de Madrid, aseguró que el juez no está capacitado para tratar a víctimas de violencia de género. Además, la organizaciones que integran el colectivo sostienen que no se trata de un episodio aislado, sino de una percepción reiterada entre mujeres que han pasado por su juzgado.
Miedo a seguir con la denuncia
Ese relato es compartido por profesionales del ámbito jurídico que se han visto en sala con el magistrado. En concreto, la abogada Carolina Castro, describe un trato “despectivo” hacia las víctimas y un sesgo en los interrogatorios. Según explica, alguna de sus clientas llegó, incluso, a plantearse retirar la denuncia tras declarar ante el juez.
El CGPJ estudiará posibles sanciones para el juez por la declaraciones vertidas en su charla ante abogados.
También, en el caso concreto del exDAO, la defensa de la denunciante ha reaccionado ante las declaraciones de Benchimol. Su abogado, Jorge Piedrafita, las ha calificado “desafortunadas” y ha advertido de que podría solicitar la recusación del juez si detecta “una conducta arbitraria motivada por un sesgo de género”.
De momento, el escenario que se abre ahora pasa por el análisis del CGPJ, que deberá decidir si las palabras del magistrado constituyen una infracción disciplinaria. Entre las posibles consecuencias figuran desde la apertura de un expediente hasta sanciones que podrían afectar a su carrera judicial.