El sindicato UGT ha decidido dar un paso sin precedentes y ha denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS). La base de la demanda es la violación de los derechos de las mujeres víctimas de prostitución y la abolición de la prostitución.
En su sede en Madrid, comparecieron en rueda de prensa el secretario general del sindicato, Pepe Álvarez, acompañado por la vicesecretaria general, Lola Navarro, y la responsable del Área Confederal de Mujer, Medea Gracia. Los tres explicaron los detalles de la presentación de una reclamación colectiva contra el Estado español.
UGT considera que la legislación y las políticas públicas actuales no garantizan la protección de mujeres y niñas víctimas de prostitución o en riesgo de trata con fines de explotación sexual.
Según explicaron, esta situación supone una vulneración manifiesta de varios artículos de la Carta Social Europea Revisada. Entre ellos, el artículo 1.2 (derecho a un trabajo libremente elegido); los artículos 3 y 11 (protección de la seguridad y salud física y mental de las personas) y el artículo 26 (dignidad humana en la prestación de servicios).
España, «el burdel de Europa»
Durante la rueda de prensa, Pepe Álvarez explicó que después de un debate profundo y un importante trabajo jurídico, «hemos decidido presentar esta demanda que refleja el compromiso abolicionista del sindicato«. Conjuntamente, reclama «la defensa de los Derechos humanos, de la igualdad y de una sociedad libre de violencia y de explotación, en concreto hacia las mujeres», señaló. Además,, lanzó una advertencia directa: “España no puede ser el burdel de Europa como es en estos momentos”.
Álvarez precisó que, actualmente, hay 150.000 mujeres prostituidas en España, y reiteró que “la prostitución no es un trabajo, es explotación”, subrayando la urgencia de abolirla. Con firmeza agregó: “No hay libertad cuando no tienes alternativas”.
La demanda pide que España modifique su marco legal. Según el sindicato, este es un paso previo para avanzar hacia la abolición de la prostitución y la trata con fines de explotación sexual.
El motivo: el cuerpo de las mujeres no puede ser objeto de un negocio lucrativo y su dignidad no admite concesiones. “Para nosotros», insistió el secretario general, «esta no es una cuestión de oportunidad, es abrir una ventana para avanzar y terminar con una situación de explotación”.
Modelo europeo en debate
Lola Navarro, vicesecretaria general de UGT, se centró en las dimensiones legales y sociales del modelo vigente. Navarro explicó que la demanda interpuesta por UGT «quiere forzar el debate entre el modelo que debe imponerse en Europa». Dicho modelo, a su entender, deber ser uno que verdaderamente proteja a las personas, y «específicamente a mujeres y niñas».
Además, añadió, ese sistema debe ser uno que reflexione «para que nuestros sistemas jurídicos y sociales se alineen desde la perspectiva de los Derechos Humanos”. Porque, insistió, «no podemos normalizar que el cuerpo de las mujeres sea un negocio lucrativo”.
Navarro acusó a la legislación española de ser “alegal, insuficiente y contradictoria”. Sus motivos se centran en el hecho de no disponer de una ley integral contra la prostitución o la trata con fines de explotación sexual. Según la dirigente sindical, esta ausencia deja a las víctimas desprotegidas y sin un marco de referencia sólido. En esa misma línea, subrayó que España y Europa tienen la obligación de garantizar los Derechos Humanos Sociales de todas las mujeres y todas las niñas.
Un forma de violencia machista
Por su parte, Medea Gracia, responsable del Área de Mujer de UGT, presentó en la misma rueda de prensa la campaña titulada “La prostitución no es un trabajo”. La iniciativa, diseñada para “visibilizar una realidad incómoda”, quiere dejar claro que esta práctica “no es una elección libre, ni un empleo, sino una forma extrema de violencia machista” , que mueve cerca de 18.000 millones de euros.
Crucial en su exposición fue la alerta sobre la dimensión del drama con cifras. «El 90 % de las personas que están ejerciendo la prostitución, en su mayoría mujeres, son víctimas de trata o explotación sexual”, advirtió. El dato, por tanto, refuerza la idea de que la prostitución, lejos de ser un acto voluntario, es un negocio para proxenetas y redes criminales.
El sindicato pide expresamente que se introduzca la abolición de la demanda de prostitución y exige el desarrollo de políticas sociales efectivas para la integración laboral y cultural de las mujeres víctimas.
La abolición como exigencia
La demanda colectiva presentada por UGT solicita al CEDS que admita el caso. Esto daría pie a adoptar “todas las medidas necesarias” para que el Estado corrija la violación grave de los derechos sociales básicos.
El sindicato pide expresamente que se introduzca la abolición de la demanda de prostitución. El enfoque abolicionista ya se aplica en estados europeos que han adoptado este modelo con resultados positivos en protección de víctimas . Para facilitar la reinserción de quienes han sido víctimas, UGT exige también el desarrollo de políticas sociales efectivas que permitan su integración laboral y cultural .
Además, propuso la celebración de una audiencia pública europea para exponer ante la comunidad continental el impacto real de los modelos abolicionistas y fortalecer la presión sobre gobiernos como el español.