La reforma de la ley de Dependencia podría convertirse en un boomerang para las mujeres, según el Consejo Económico y Social (CES). El organismo ha emitido un dictamen en el que incide en el hecho de que la norma, tal como está redactad en su anteproyecto, supone un retroceso en la profesionalización de los cuidados y refuerza su vínculo con el entorno doméstico.
De no revisarse, advierte, la ley puede traducirse en un paso atrás en igualdad, justo en un momento en que las demandas sociales apuntan a avanzar, no a retroceder. En palabras del CES, «una política pública de cuidados con perspectiva de género no puede volver a delegar estas responsabilidades, una vez más, en las mujeres de cada hogar».

El organismo presidido por Antón Costas señala que, aunque el texto presenta avances al adaptarse a «nuevas realidades convivenciales», esta transición debe garantizar la calidad del servicio. Pero también, los derechos laborales de las personas cuidadoras —que en su mayoría son mujeres— y, sobre todo, respetar el espíritu original de la ley de Dependencia «con la perspectiva de género que en ella impera», puntualiza el informe.
Según el dictamen, al ampliar la prestación económica para cuidados en el hogar sin reforzar la profesionalización, el proyecto legislativo puede fomentar que estas tareas recaigan, una vez más, sobre las mujeres del entorno familiar, como ha sucedido históricamente.
Cuidados familiares bajo la bandera de la ‘voluntariedad’
Uno de los principales puntos críticos es el retorno a un modelo que vincula los cuidados a la «voluntariedad de cada hogar». Bajo esta fórmula, la norma permitiría reconocer la labor de personas allegadas como cuidadoras, sin necesidad de parentesco ni convivencia directa.
Sin embargo, el CES alerta de que esta medida, sin acompañamiento estructural, puede derivar en un aumento de cuidadores no profesionales. Debilitaría, pues, los estándares de calidad del sistema y trasladaría la carga a las redes familiares, principalmente, a las mujeres.

El peso de los datos: parcialidad, excedencias y brecha
El informe también subraya una realidad social persistente sobre las jornadas parciales laborales y a quienes afecta. En el texto, se constata que el 80 % de esas jornadas las solicitan mujeres, y todas, para el cuidado de familiares.
A junio de 2025, había 87.974 personas afiliadas a la Seguridad Social como cuidadores no profesionales mediante convenios especiales; casi todos, mujeres. Este colectivo representa aproximadamente la mitad de los más de 193.000 afiliados en regímenes especiales de este tipo.
De mantenerse el enfoque actual, el organismo advierte de una consolidación de la desigualdad estructural en el reparto de los cuidados, afectando de manera directa la empleabilidad, la autonomía económica y las pensiones futuras de las mujeres.
Profesionalización de los cuidados para una mejor atención
Son varias las organizaciones de profesionales de atención y cuidados que respaldan las recomendaciones del CES. Entre ellas, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, cuyos responsables se han pronunciado acerca de la necesidad de «valorar el impacto negativo de género que tienen estas políticas descomprometidas con los cuidados».

También lo ha hecho en diferentes ocasiones el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD). En particular, durante la jornada de debate que tuvo lugar en el Senado en la que expuso que el «81 % de las cuidadoras principales son madres, lo que supone una forma de esclavitud consentida y validada socialmente». Esta estructura «sin corresponsabilidad», apuntó el CEDD, «no hay igualdad ni justicia social», en referencia a las mujeres con cargas familiares. «Sostenemos el 98 % de los cuidados en España, con graves consecuencias económicas”.
El CES no rechaza la reforma, pero exige que se corrija su orientación actual aplicando una clara perspectiva de género, antes de que se tramite como proyecto de ley en el Consejo de Ministros. Insiste en que solo con garantías de calidad y derechos laborales se podrá evitar que las mujeres vuelvan a ocupar, de forma invisible y gratuita, el centro del sistema de dependencia.
