El temor a la detención en redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está alejando a miles de mujeres migrantes en Estados Unidos (EE.UU.) de consultas médicas esenciales durante el embarazo y de servicios de salud sexual y reproductiva. Una situación silenciosa de la que los especialistas advierten, está teniendo consecuencias visibles y puede agravarse.
Una encuesta reciente de la plataforma BabyCenter del país norteamericano revela que una de cada cinco embarazadas en el país ha dejado de buscar atención prenatal debido a la actividad de este organismo.
La tendencia se ha hecho especialmente evidente a comienzos de año en el estado de Minnesota, donde profesionales sanitarios han detectado un descenso inusual en la asistencia a consultas médicas.
Los datos oficiales refuerzan la dimensión del problema. Entre enero de 2025 y febrero de este año, cerca de 500 personas embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia fueron detenidas en centros para migrantes. Son cifras del Departamento de Seguridad Nacional facilitadas a una senadora estadounidense.
Aumento de los partos en casa sin garantías médicas
Según publica EFE en un reportaje, la doctora Erin Stevens, representante del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos en ese estado, alertó de que las unidades de parto estaban registrando menos pacientes, lo que interpretan como un indicador de que muchas mujeres no están acudiendo al sistema sanitario.
A la vez, tal y como explica a la agencia, se ha producido un aumento de solicitudes de partos en casa, incluso entre embarazadas con riesgos médicos o sin experiencia previa en este tipo de alumbramientos.
Esta situación se explica, fundamentalmente, dentro del contexto de las operaciones del ICE en Minnesota, que se intensificaron en barrios con alta población migrante. Son operaciones que incluyen también detenciones en las inmediaciones de escuelas y que han generado una fuerte sensación de inseguridad en la comunidad. Ese clima ha terminado trasladándose al ámbito sanitario.
Según los datos oficiales, entre enero de 2025 y febrero de este año, cerca de 500 personas embarazadas, en posparto o en periodo de lactancia fueron detenidas en centros para migrantes.
Cancelaciones de controles en Ginecológía
Desde Planned Parenthood Federation of America, su directora de comunicaciones y medios latinos, Alejandra Soto, describe un patrón claro en cuanto a la cancelación y aplazamiento de las citas médicas. Ya no solo en el embarazo, sino también en el acceso a anticonceptivos o interrupciones voluntarias del embarazo.
Según sus datos, en once centros de salud de la organización en Minnesota se ha registrado hasta un 10% de cancelaciones en los últimos meses. Esta cifra, aplicada a comunidades vulnerables, supone miles de personas sin atención.
Pero es que el impacto no se limita al seguimiento del embarazo. De hecho, se están dejando de lado pruebas clave para la detección precoz de enfermedades como el cáncer cervical o infecciones de transmisión sexual. Una situación que incrementa riesgos a medio y largo plazo.
Ese miedo a la detención de personas, según explican desde la organización, no solo afecta a las pacientes. También a los propios proveedores sanitarios, que no pueden garantizar que sus usuarias no se encuentren con agentes en el trayecto hacia las consultas.
Auge de la videoconsulta entre embarazadas
Ante este escenario, la telemedicina y las videoconsultas han emergido como una alternativa para mantener cierta continuidad asistencial. Impulsada durante la pandemia, esta modalidad permite consultas a distancia. Y, en algunos casos, el acceso a tratamientos como el aborto temprano mediante medicación, sin necesidad de acudir físicamente a un centro médico.
No obstante, apuntan desde la organización, esta solución no cubre todas las situaciones como las urgencias obstétricas o complicaciones graves que requieren atención presencial inmediata.
Por eso, los profesionales del sector advierten del dilema al que se enfrentan las mujeres que deben decidir entre acudir a un hospital, con el riesgo de ser detenidas o permanecer en casa pese a síntomas potencialmente mortales.