El Gobierno de España ha dado un paso firme para bloquear la legalización indirecta de la gestación subrogada, también conocida como ‘vientres de alquiler’. A partir del 1 de mayo de 2025, los menores nacidos en el extranjero mediante esta práctica no podrán ser inscritos en los consulados ni en el Registro Civil español. Eso, aunque sus progenitores presenten resoluciones judiciales extranjeras que reconozcan su filiación.
La instrucción, emitida por el Ministerio de Justicia, deroga las directrices de 2010 y 2019. Estas permitían dicha inscripción bajo el argumento del interés superior del menor. Sin embargo, en la práctica, esas normas facilitaban la filiación automática de los bebés nacidos por gestación subrogada en países donde esta práctica es legal, como Estados Unidos, Ucrania o Georgia.
El nuevo marco normativo establece que la única vía posible para reconocer la filiación será mediante una prueba de vínculo biológico o un proceso de adopción legal.
Con esta medida, el Ejecutivo aplica de forma estricta la doctrina del Tribunal Supremo, que en diciembre de 2024 reiteró que la gestación por sustitución supone una vulneración de los derechos fundamentales tanto de la mujer gestante como del menor. La sentencia calificó la práctica como “una forma de cosificación de la mujer y de mercantilización de los niños y niñas”.
Según datos del Gobierno, solo en 2024 se inscribieron en el Registro Civil español 154 bebés nacidos por gestación subrogada a través de resoluciones extranjeras. Entre 2010 y 2023, más de 3.000 menores fueron registrados en consulados españoles en virtud de este procedimiento. La nueva instrucción suspende todos los expedientes de inscripción actualmente en trámite que se basen en sentencias foráneas.
Industria multimillonaria del ‘vientre de alquiler’
La medida llega en un momento de expansión global de la industria de la gestación subrogada. Según un informe de Global Market Insights, el negocio generó más de 17.900 millones de dólares en 2023, y se prevé que alcance los 139.000 millones en 2032. La creciente demanda de parejas con capacidad adquisitiva en Europa y Norteamérica ha impulsado la proliferación de clínicas y agencias de intermediación, especialmente en países con escasa protección jurídica para las mujeres gestantes.
El Ministerio de Igualdad ha denunciado reiteradamente que muchas de estas mujeres se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. “No podemos hablar de libre elección cuando las condiciones materiales obligan a una mujer a alquilar su cuerpo para sobrevivir”, señala la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez. “La gestación subrogada es una forma de violencia estructural contra las mujeres”, añade.
Postura feminista y jurídica sobre el ‘vientre de alquiler’
La medida ha sido bien recibida por amplios sectores del movimiento feminista, que desde hace años reclaman una acción más contundente contra lo que consideran una violación de los derechos humanos. “Esta instrucción es una victoria feminista”, afirma Paula Fraga, abogada y experta en bioética. “Reconoce que no puede haber un derecho a tener hijos a cualquier precio, y menos aún a costa de los cuerpos de las mujeres más empobrecidas”.
Desde el ámbito jurídico, la profesora de Derecho Civil María Luisa Segoviano subraya que la decisión del Ejecutivo “devuelve coherencia al sistema legal español, que ya declaraba nulos estos contratos desde 2006”. Y añade: “El reconocimiento de filiación mediante sentencias extranjeras suponía una especie de legalización encubierta de una práctica prohibida”.
Para las asociaciones que representan a familias que han recurrido a esta vía en el extranjero, la nueva norma supone un mazazo. Álvaro Fernández, portavoz de la asociación ‘Son Nuestros Hijos’, que agrupa a padres y madres por gestación subrogada, lamenta que “el Gobierno esté dejando a los niños sin protección jurídica en España por motivos ideológicos”. En opinión de Fernández, «no se trata de un negocio, sino de familias reales que buscan tener hijos con amor y responsabilidad”.
Un debate que trasciende fronteras
Aunque en España la gestación subrogada está prohibida por ley desde hace casi dos décadas, la creciente utilización de esta vía en el extranjero ha alimentado un debate ético, jurídico y político que sigue dividiendo a la opinión pública. Mientras algunas voces, especialmente desde el activismo LGTBI, reclaman una regulación que garantice los derechos del menor, otras denuncian la legitimación de un modelo basado en la explotación.
En Europa, países como Francia, Alemania o Italia también prohíben esta práctica, mientras que otros como Grecia o el Reino Unido permiten formas reguladas de subrogación. A escala internacional, organismos como el Comité de Bioética del Consejo de Europa han alertado del riesgo de convertir a los niños en objetos de transacción y han pedido una reflexión profunda sobre el impacto del ‘vientre de alquiler’ en los derechos fundamentales.
Una política de Estado
La instrucción de Justicia se interpreta como una consolidación de la postura de España como país firmemente contrario al ‘vientre de alquiler’. No es solo una cuestión legal, sino también de principios. Como dijo la ministra de Justicia, Pilar Llop, en la presentación de la norma: “No puede construirse la parentalidad sobre la explotación de los cuerpos de mujeres en situación de vulnerabilidad. La filiación debe estar al servicio de los derechos del menor, no de los deseos de los adultos”.
En definitiva, con esta instrucción, el Gobierno lanza un mensaje claro en cuanto no se puede sortear la ley española recurriendo a la justicia extranjera. A partir de ahora, toda filiación deberá cumplir estrictamente los principios de legalidad, dignidad humana y protección del interés superior del menor, sin excepciones.