El Convenio de Estambul en España ha cobrado un protagonismo especial en los últimos meses tras la disparidad de criterios sobre su forma de aplicación, entre profesionales de la judicatura y el Ejecutivo.
El anuncio en marzo de una reforma judicial para ampliar las competencias de los juzgados de Violencia sobre la Mujer supuso el enfrentamiento. La reforma obliga a estos juzgados a atender también delitos como agresiones sexuales, acoso, trata o mutilación genital femenina, incluso cuando no exista relación previa entre víctima y agresor.
La reacción de los titulares de los juzgados afectados fue inmediata y anunciaron su oposición a la medida por escasez de recursos y por la consiguiente desprotección que implicaría para las víctimas. Ayer mismo, reiteraron su postura y alertaron de «un riesgo inminente de colapso judicial» a partir del 3 de octubre, fecha de entrada en vigor de la reforma.
Posturas encontradas y, en medio, las víctimas
Por su parte, el Ejecutivo justifica su reforma como parte del cumplimiento para atender el compromiso asumido del Convenio de Estambul. Sin embargo, la judicatura rechaza dicha justificación basándose, precisamente, en el literal del convenio. A su entender, el tratado internacional lo que exige en el artículo 49 no es que se imponga a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer la instrucción de todos los delitos mencionados.
Lo que exige, explican, es que los procedimientos penales se desarrollen con celeridad, sin dilaciones injustificadas, y con respeto a los derechos de las víctimas en todas sus fases. Lo opuesto de lo que puede ocurrir si un sistema saturado y sin recursos absorbe competencias sin una planificación real.
Por ello, piden la creación de juzgados especializados en dichos delitos y formación acreditada de todos los profesionales que intervienen con las víctimas. Lo consideran necesario para que todas tengan la protección que requiere su caso.
A la espera de conocer cómo se desarrolla esta pugna entre Justicia y Gobierno, nos detenemos en el texto origen de esta polémica, lo que significa para nuestro país y lo que falta por cumplir.
El Convenio de Estambul, un cambio de mentalidad
El 1 de octubre de 2023, la Unión Europea dio un paso histórico al asumir como propia la primera herramienta legal vinculante para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres. Este es el Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención y Lucha contra la Violencia contra las Mujeres y la Violencia Doméstica, más conocido como Convenio de Estambul, porque su elaboración se llevó a cabo en la capital turca, el 11 de mayo de 2011.
Su importancia radica, no solo en el reconocimiento de la violencia machista estructural, sino en la necesidad de combatirla a través de leyes efectivas. El texto fue, por tanto, una señal política clara de tolerancia cero frente a este tipo violencia que afecta a las mujeres.
Hasta la fecha, 45 países lo han firmado y, de ellos 39 lo han ratificado. España fue, en 2011, uno de los países firmantes y más tarde, el 10 de abril de 2014, de los primeros en ratificarlo.
Un convenio que no obliga si no se firma
No obstante, la clara tendencia conservadora que inunda Europa está poniendo en peligro la prevalencia del convenio en algunos países. Turquía, por ejemplo, uno de los firmantes en su momento, se retiró del mismo en 2021 por voluntad de su presidente, el islamista y nacionalista, Recep Tayyip Erdoğan.
Las protestas de mujeres no se hicieron esperar aunque no han servido para revocar la decisión presidencial. Una acción que está favoreciendo el retroceso generalizado de los derechos igualitarios en el país. Porque aunque la firma del convenio por sí solo no obliga, sí establece ciertos mecanismos de compromiso de cumplimiento para el país que lo ha rubricado.
Para los que sí continúan, y lo han ratificado, especialmente los miembros de la Unión Europea, su entrada en vigor como normativa ha establecido obligaciones de cumplimiento, seguimiento y armonización que afectan de lleno al marco institucional, legal y operativo. Es el caso del Estado español.
De ahí, las modificaciones en el Código Penal para tipificar nuevos delitos, la actualización del Pacto de Estado contra la violencia género y las reformas judiciales que se están llevando a cabo y origen de las desavenencias.
GREVIO advierte a España de los estereotipos sexistas del sistema judicial, la falta de credibilidad que le asigna a la víctima, enfrentada a su constante revictimización.
España, una de cal y otra de arena
Pese a que España ratificó el convenio hace más de una década, el proceso de implementación del convenio ha sido gradual, y no ha estado exento de críticas. Por ejemplo, el Comité GREVIO (Grupo de Expertas en la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa) ha señalado a España tanto por sus avances como por sus carencias.
En el ‘haber’, reconoce como pionera a nivel europeo la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género; la existencia de centros de atención y juzgados especializados de violencia sobre la mujer, así como el Pacto de Estado contra la Violencia de Género de 2017 (renovado y actualizado sin unanimidad política hace unos meses).
Sin embargo, el grupo de expertas también señala aspectos donde España sigue sin cumplir plenamente y ante esto, se pone serio. En su último informe, el de abril de este mismo año, destaca “la falta de prioridades en la aplicación del Pacto de Estado”.
Lamenta, además, las rebajas de penas por la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del ‘Sólo Si es Sí‘. Sobre ello, GREVIO alerta sobre el refuerzo del «sentimiento de impunidad de la violencia sexual» que esto conlleva y que daña «la confianza de las víctimas”.
Además, pone el foco en la persistencia de estereotipos sexistas existentes en el sistema judicial español, de la revictimización que conlleva, de la falta de credibilidad a la que se somete a la víctima y, por tanto, del tratamiento institucional que le da.
El Convenio de Estambul en las comunidades autónomas
Ante ello, organizaciones feministas y expertos alertan de la necesidad de reforzar la formación de operadores jurídicos y garantizar recursos estables y accesibles para todas las víctimas. Y consideran fundamental asegurar que las políticas de género no dependan de los vaivenes políticos.
Un aspecto en el que también incide GREVIO y que focaliza en la “falta de prioridades en la aplicación del Pacto de Estado” en las distintas comunidades autónomas.
Denuncia que, en la práctica, la inversión para combatir la violencia contra las mujeres ha tenido límites por la falta de priorización del uso de los fondos. Por ello, considera esencial “garantizar que se proporcione más orientación a las autoridades regionales y locales» para establecer y priorizar acciones.
Sin embargo, debido a la soberanía que la legislación española otorga a las comunidades autónomas, este es un tema difícil de tratar, aunque entidades y grupos feministas ponen el foco en los gobiernos autonómicos con ideologías conservadoras.
Con todo, el Convenio de Estambul, pensado y creado para combatir la violencia estructural contra las mujeres, tiene su freno en la voluntad ideológica de quien lo aplica. Una suerte de varias velocidades para su desarrollo que pone por delante el rédito político en lugar de prevenir y proteger a las víctimas.