Más de un 500 profesionales de la judicatura de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de toda España -magistrados, fiscales, oficinas judiciales y letrados de la Administración de Justicia- han emitido un comunicado en el que denuncian el «colapso inminente» del sistema judicial especializado y, de las consecuencias de esta situación para las víctimas.
Este texto se presenta como una actualización del comunicado publicado el pasado mes de marzo, y en él alertan de que todas las advertencias realizadas entonces no solo se han confirmado, sino que la situación ha empeorado, tras la aprobación del Real Decreto 422/2025, de 3 de junio.
El núcleo de la crítica reside en la ampliación de competencias de estos juzgados para incluir, además de la violencia de género en el marco de pareja o expareja, delitos como agresiones sexuales, trata con fines de explotación sexual, acoso o mutilación genital, independientemente del vínculo entre víctima y agresor.
Esta medida, aseguran los firmantes, supone una sobrecarga del 20 % para unos órganos ya saturados y sin medios suficientes. Así, en el comunicado los firmantes, reprochan al Gobierno haber presentado esta ampliación como una mejora, cuando en realidad, afirman, “desborda un sistema ya precario” y pone en riesgo la atención integral que merecen las víctimas. “Muchos juzgados no tienen guardias, ni forense disponible, ni salas adecuadas o asistencia letrada garantizada”, explican.
La ampliación de plazas, insuficiente
Además, las nuevas plazas prometidas recientemente por el Ministro de Justicia, 50 en total para toda España, no alcanzan ni de lejos el 50 % anunciado públicamente por el ministro Félix Bolaños. En algunas localidades no se ha creado ninguna, en otras se ha creado una sola a costa de agrupar partidos judiciales y en grandes capitales como Valencia no se ha dotado ninguna plaza nueva. Solo Madrid suma tres. Todo esto, advierten las y los firmantes, dificultará el acceso de las víctimas al sistema.
El comunicado también advierte que las nuevas plazas no estarán disponibles ni el 3 de octubre —fecha de entrada en vigor de las nuevas competencias— ni probablemente a 31 de diciembre, ya que dependen de la constitución de los Tribunales de Instancia. Según el propio Real Decreto, si no está constituida la Oficina Judicial correspondiente, la creación de plazas “se diferirá hasta la fecha de efectiva constitución”.
Los jueces y juezas denuncian asimismo que no se contempla un aumento correlativo de personal funcionario ni de Letrados de la Administración de Justicia (Lajs), lo que anticipa un embudo operativo que vulnera la Ley Orgánica 10/2022.
En su valoración, la aplicación de esta reforma sin dotación real de recursos rompe con el modelo integral y especializado de protección a las víctimas consagrado por la Ley Orgánica 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. “Se está legalizando un modelo que deja a las víctimas sin protección real”, señalan.
Sobrecarga en los juzgados
A esta sobrecarga estructural denunciada, se suman los cambios que introduce la propia Ley Orgánica 1/2025, la futura implementación del Pacto de Estado de 2025 y los anuncios de reformas penales relacionados con la violencia vicaria, la económica y la digital. Todas estas materias también recaerán sobre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, aumentando aún más su carga.
El comunicado también responde a quienes defienden esta ampliación apelando al Convenio de Estambul. A este respecto, señala, el tratado no exige que sean estos juzgados quienes asuman estas competencias. Sin embargo, sí impone, en cambio, obligaciones como evitar demoras injustificadas o eliminar barreras geográficas para el acceso a la justicia, que, sostienen, no se están cumpliendo.
Para los firmantes, el 3 de octubre de 2025 se convertirá en una fecha negra, al marcar el inicio de «un colapso judicial en violencia de género».