Eran las tres de la madrugada del 7 de julio de 2016 cuando cinco hombres acorralaron a una joven de 18 años en el portal de un edificio del centro de Pamplona, durante las fiestas de San Fermín, y la violaron por turnos mientras grababan la agresión con sus teléfonos móviles.
La joven, que había viajado desde Madrid, denunció los hechos esa misma madrugada. En cuestión de horas, los cinco agresores —que se autodenominaban ‘La Manada’ en un grupo de WhatsApp— fueron detenidos e ingresaron en prisión provisional.
La reacción social, mediática y política fue, según coinciden los análisis posteriores del caso, «sin precedentes». Desde el mismo momento en que se conoció la denuncia, el movimiento feminista situó el caso en el centro del debate público. No como un suceso aislado sino como una violación en toda regla, frente al relato de «diversión» que trasladaba la defensa.
Desprestigiar a la mujer como estrategia de defensa
El proceso judicial, que no comenzó hasta noviembre de 2017 y se prolongó durante once sesiones a puerta cerrada, alimentó esa indignación en cada uno de sus pasos. La defensa de los acusados encargó un informe a un detective privado para vigilar la vida y las redes sociales de la víctima tras la denuncia, con el objetivo de sugerir que no había quedado «traumatizada».
Uno de los abogados llegó a describirla públicamente como «la líder del pelotón». El juez que investigaba el caso admitió ese informe como prueba, mientras rechazaba incorporar las conversaciones de WhatsApp previas de los acusados.
Frente a los juzgados de Pamplona, y también en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela, Zaragoza, Valladolid, Murcia o Santa Cruz de Tenerife, miles de personas se concentraron ya durante el juicio bajo el lema «yo sí te creo» (#yosítecreo) y el hashtag #JusticiaPatriarcal, exhibiendo manos pintadas de rojo como símbolo contra la violencia sexista.
‘No es abuso, es violación’
La explosión definitiva llegó el 26 de abril de 2018, cuando la Audiencia Provincial de Navarra condenó a los cinco acusados a nueve años de prisión por abuso sexual, y no por violación. Al parecer, el Tribuna no apreció violencia física suficiente. De hecho, uno de los magistrados incluso votó por la absolución, alegando que las grabaciones mostraban «jolgorio» y no coacción.
Esa misma tarde, la calle San Bernardo y la Gran Vía de Madrid se llenaron de morado; en Barcelona la protesta colapsó la plaza de Sant Jaume. Miles de personas en decenas de ciudades españolas corearon «no es abuso, es violación» y «hermana, yo sí te creo», y en lo que medios internacionales como Reuters, la BBC o The Guardian cubrieron las manifestaciones como un fenómeno social de primer orden.
Dos meses más tarde, la puesta en libertad provisional de los cinco condenados mientras se resolvían los recursos volvió a llenar las calles de indignación.
«Solo sí es sí»
Aquella marea, que corrió paralela a la histórica huelga feminista del 8 de marzo de 2018 y al eco del #MeToo internacional, no se disolvió con el tiempo, si no que se tradujo en presión sostenida sobre el sistema judicial y en un giro legislativo de fondo.
El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ratificó la condena por abuso en diciembre de 2018, pero el Tribunal Supremo revisó el caso y, en 2019, elevó las penas a 15 años de prisión al considerar que sí hubo violación. Los magistrados del alto Tribunal concluyeron que la víctima «en ningún momento» consintió y que existió una intimidación evidente.
La Ley del ‘sólo sí es sí’ eliminó del Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual y situó el consentimiento expreso en el centro de cualquier delito contra la libertad sexual.
Aquel fallo y la presión social y feminista allanó el camino para la Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual, la ley del «solo sí es sí», aprobada en 2022. La norma eliminó del Código Penal la distinción entre abuso y agresión sexual y situó el consentimiento expreso —libre, manifestado y sin ambigüedades— como criterio central para juzgar cualquier delito contra la libertad sexual.
De la calle al Congreso
Diez años después de aquella revolución, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha recordado que «el consentimiento es la pieza esencial para entender unas relaciones sexuales libres e iguales», aunque ha admitido que «queda muchísimo por hacer».
Lejos de actos y conmemoraciones, es imporante darse cuenta de que el cambio de paradigma sobre la libertad sexual de las mujeres y de cómo deben ser las relaciones igualitarias que hoy se conmemora no nació en un despacho. Nació en la calle, en la denuncia de una joven de 18 años y en las miles de mujeres que, noche tras noche, se negaron a dejarla sola.