El Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de reforma del artículo 43 de la Constitución Española (CE) para blindar el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE). De esta forma, se le otorga rango constitucional, además de garantizar este derecho como una prestación sanitaria pública.
Concretamente, la reforma se basa en añadir un apartado al artículo 43 de la CE con la siguiente redacción: “Se reconoce el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo. El ejercicio de este derecho, en todo caso, será garantizado por los poderes públicos, asegurando su prestación en condiciones de igualdad efectiva, así como la protección de los derechos fundamentales de las mujeres.”
Pero para que la reforma sea definitiva, la tramitación debe seguir el procedimiento previsto en el artículo 167 de la Constitución, que requiere mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, además del preceptivo informe del Consejo de Estado. Si no se alcanzara dicho acuerdo, se formaría una comisión mixta entre ambas cámaras que elaborará un texto alternativo, también sujeto a votación.
De la búsqueda de consenso a la urgencia política
En febrero pasado, el partido SUMAR anunciaba su intención de incorporar el aborto en la Carta Magna, en lo que parecía un proceso “sosegado y de diálogo” entre los distintos grupos parlamentarios y organizaciones sociales. Sin embargo, ocho meses después y en apenas unas semanas, se ha pasado de un ritmo pausado a pisar el acelerador político e institucional, en el que el Gobierno ha entrado de lleno.
“Por primera vez», ha defendido la ministra de Igualdad, Ana Redondo, «las mujeres tendrán reconocida la libertad sobre su cuerpo y su proyecto de vida». No obstante, también ha reconocido que “no se trata de una reforma sencilla”, pero sí de una necesidad «para garantizar derechos frente a una ola reaccionaria que amenaza los avances logrados”.
La reforma, impulsada por el Gobierno, necesitará del apoyo de los tres quintos del Congreso y del Senado.
Esa dificulta está en el hecho de que el Gobierno necesitará amplias mayorías —tres quintos en ambas cámaras— para que la reforma prospere. Sin embargo, el Partido Popular ya ha adelantado su negativa a modificar la Constitución en este sentido. De hecho, su líder nacional, Alberto Núñez Feijóo, ha declarado que no apoyará la reforma.
Blindaje jurídico y dimensión europea
La incorporación del aborto en la Constitución pretende dotarlo de máxima protección jurídica, al integrarlo entre los principios rectores de la política social y económica. Sin embargo, expertos constitucionalistas advierten de que esta ubicación dentro del artículo 43 no lo convierte en un derecho fundamental plenamente exigible ante los tribunales. De cualquier forma, sí reconocen que su inclusión en la máxima norma fortalece su interpretación y su defensa ante eventuales retrocesos normativos.
Mientras tanto, la ministra Redondo ha trasladado la iniciativa a Bruselas. Allí, ha iniciado una ronda de contactos con la Comisión de Derechos de las Mujeres del Parlamento Europeo, presidida por la eurodiputada Lina Gálvez. También, con la iniciativa ciudadana My Body, My Choice.
Entre sus objetivos, sumar apoyos y situar a España como referente en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos dentro de la Unión Europea.
De «Las 11 de Basauri» a 2025: cinco décadas de conquistas y retrocesos
El debate sobre el aborto en España ha recorrido un largo y convulso camino desde su primera despenalización en 1985. Entonces, el Gobierno de Felipe González aprobó la Ley Orgánica 9/1985. Con ella, se permitía la interrupción del embarazo solo en tres supuestos, violación, riesgo grave para la vida o la salud de la madre, y malformación fetal. El texto, que rompió con la prohibición total heredada del franquismo, supuso un primer reconocimiento limitado de la autonomía de las mujeres sobre su maternidad.
Pero fue antes, en 1979, en una España todavía franquista tras la muerte del dictador apenas cuatro años antes, cuando la sociedad se enfrentó públicamente a definirse. Lo motivó el proceso conocido como de ‘Las 11 de Basauri» contra mujeres que habían abortado. Y ello, despertó una oleada de protestas feministas y la firma de un documento de apoyo de más de 1.300 que reconocieron haberlo hecho.
En 1985, España aprobó la despenalización del aborto; en 2010, se ampliaron supuestos y en 2013, el ministro de Justicia de entonces, Alberto Ruiz Gallardón, promovió su abolición.
El salto definitivo llegó en 2010. La Ley Orgánica 2/2010, de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo, estuvo impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. La norma estableció por primera vez el derecho a abortar libremente hasta la semana 14, y hasta la 22 en casos médicos justificados. España se alineaba así con los estándares europeos de derechos sexuales y reproductivos, y el aborto pasaba a ser considerado una prestación sanitaria pública.
«Nosotras parimos, nosotras decidimos»
Tres años más tarde, en 2013, el entonces ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón presentó un anteproyecto que pretendía derogar aquella ley y volver al sistema de supuestos. La iniciativa encendió las calles y decenas de miles de personas se manifestaron bajo el lema ‘Nosotras parimos, nosotras decidimos’.
Las protestas se enmarcaron dentro de lo que se llamó ‘El tren de la libertad’, encabezadas por el feminismo social. Tuvieron tal calado y fueron tan masivas que el Gobierno conservador del por entonces presidente, José María Aznar, retiró el proyecto en 2014. Gallardón dimitió poco después.
El llamado ‘Tren de la libertad’ consiguió en 2014 frenar el retroceso de la ley del aborto con movimientos masivos de protesta en la calle.
Igualmente, cuando la reforma de 2023 dio pie a garantizar el derecho al aborto en los hospitales públicos como centros de referencia y asegurar su gratuidad y accesibilidad, entre otras cuestiones, la movilización del feminismo contra los movimiento «provida» fue definitiva.
Desde entonces, cada intento de revisar la normativa ha reactivado el movimiento feminista y las movilizaciones contra los retrocesos. Por eso, blindar la interrupción voluntaria el embarazo en la Constitución se percibe como el cierre simbólico de un ciclo histórico de lucha.