Una niña de 12 años fue víctima en mayo de una agresión sexual grupal cometida por varios compañeros de clase durante una fiesta de cumpleaños celebrada en un local privado de Burgos. Sus agresores tienen entre 11 y 12 años. Son inimputables. Ninguno pisará un juzgado en calidad de acusado. La ley no lo permite.
La familia de la niña presentó la correspondiente denuncia ante la Policía Nacional quien tras investigar el caso, ha identificado a entre cinco y seis menores como presuntos responsables. A continuación, ha remitido el atestado a la Fiscalía de Menores, único cauce legal disponible cuando los autores no han cumplido 14 años.
En cuanto a la derivación a la Unidad de Intervención Educativa de la Junta de Castilla y León —paso habitual en estos supuestos— aún no se había producido cuando el caso llegó a los medios.
Mientras tanto, la niña, que carga con secuelas físicas y emocionales ha retomado su actividad escolar habitual. Sus agresores fueron expulsados del colegio durante cinco días tras conocerse los hechos, pero han vuelto al mismo. Permanecen separados del resto del grupo, aunque no de ella: según explicó el centro, la medida busca «evitar su estigmatización».
El vacío legal y sus límites
La legislación española fija en 14 años la edad mínima de responsabilidad penal. Por debajo de ese umbral, los menores son inimputables con independencia de la gravedad del delito.
Por otro lado, la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, prevé medidas de intervención educativa y tutela, pero no penas en sentido estricto. El único recorrido posible en estos casos pasa por la Fiscalía de Menores y, desde ahí, por los equipos de intervención de las comunidades autónomas.
La Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, prevé medidas de intervención educativa y tutela, pero no penas en sentido estricto a menores de 14 años.
‘Manadas’ de menores más agresivas
Un estudio sobre violencia sexual grupal impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad y elaborado con la participación de ocho universidades y los cuatro cuerpos policiales -Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d’Esquadra y Policía Foral de Navarra— analizó 491 hechos con 1.359 autores y 525 víctimas, y dejó conclusiones que el caso burgalés ilustra con precisión.
La primera es la de la edad. Cuantos más agresores participan en una agresión sexual grupal, menor suele ser su edad. En los grupos de ocho o diez autores, todos los implicados eran menores de 18 años.
Un estudio sobre violencia sexual grupal impulsado por la Secretaría de Estado de Seguridad revela que una de cada tres víctimas en agresiones sexuales grupales era menor de edad.
Por otro lado, el estudio recoge que la media de edad de los agresores en violencia sexual grupal se sitúa en 23,8 años. No obstante, esa cifra se desploma cuando el número de participantes crece. Los grupos de tres o más agresores suelen estar formados por adolescentes, y llevan a cabo agresiones de mayor duración y gravedad, con más violencia física y verbal.
El estudio señala también que una de cada tres víctimas en agresiones sexuales grupales era menor de edad, al igual que la tercera parte de los autores. Y que, en el 17,3% de estos hechos, cuatro o más agresores atacaron a una sola víctima, situación en la que «la simple desproporción entre el número de autores y de víctimas ya acentúa la vulnerabilidad en la que se encuentran».