Cuando una trabajadora del sector audiovisual andaluz interpuso su denuncia el pasado 26 de enero, no lo hacía contra un desconocido. Lo hacía contra su jefe, el hombre que durante años había determinado buena parte de las condiciones de su vida profesional.
Cinco meses después, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 5 de Sevilla ha admitido esa denuncia, ha escuchado a la víctima y ha citado a declarar como investigado a Gustavo Fuentes Aguilar, CEO de Andalucía Digital Multimedia S.A. (ADM) y presidente del Clúster audiovisual de Andalucía, por delitos de agresión sexual, acoso sexual continuado y acoso laboral, según publica elDiario.es.
ADM no es una empresa cualquiera. Es una de las grandes productoras del sector audiovisual andaluz por volumen de facturación, una empresa público-privada cuyo accionista mayoritario es la propia Junta de Andalucía.
Una relación de poder construida durante años
La denunciante y Fuentes coincidieron por primera vez en 2010 en una cadena de televisión local sevillana. Desde el inicio de esa relación, el investigado comenzó a mostrar un interés de naturaleza afectivo-sexual que excedía por completo el ámbito profesional. De esta forma, asentó las bases de una dinámica de poder y control que reaparecería años más tarde cuando ambos volvieron a coincidir en ADM.
La denuncia describe tres agresiones sexuales en fechas distintas. La primera, a finales de 2013, en el barrio sevillano de La Alfalfa y en el interior de un taxi. La segunda, en julio de 2022, durante la grabación de un programa de Canal Sur en Barbate (Cádiz). Y la tercera, en el verano de 2023, en Zahara de los Atunes, también mientras se rodaba un programa de la productora.
La víctima regresó a trabajar con Fuentes cuando este ya era CEO de ADM. El peso de la empresa en el mercado audiovisual andaluz hacía casi imposible una carrera profesional en el sector al margen de ella. Sin embargo, la mujer confiaba, además, en que el tiempo y las circunstancias personales del investigado hubieran puesto fin a su conducta. Desafortunadamente, no fue así.
El peso de la jerarquía y el silencio como estrategia de supervivencia
Entre 2018 y la actualidad, Fuentes envió a la denunciante 175 páginas de mensajes de WhatsApp de contenido sexual. La secretaria judicial los ha cotejado y validado como material probatorio. El tono de esos mensajes es elocuente. Desde propuestas de encuentros privados, expresiones de deseo explícito y frases como «Tú me debes una noche loca» o «¿A qué hora se puede hablar de cosas de mayores?».
La respuesta de la reportera era sistemáticamente seca y evasiva. En la denuncia explica que se trataba de una estrategia de supervivencia para evitar un conflicto directo con un superior por temor a represalias laborales. No obstante, la ausencia de un «no» literal no puede interpretarse en este contexto de asimetría de poder como consentimiento.
La denuncia incorpora siete declaraciones juradas de extrabajadores y extrabajadoras de la productora, algunos en cargos directivos, que corroboran la versión de la denunciante. Fuentes «se desenvuelve en un ambiente de impunidad auspiciado por su cargo en la empresa y por la posición de la misma en el sector audiovisual andaluz, con gran influencia sobre Canal Sur», según recoge la acusación.
En la denuncia, la víctima hace constar que fue víctima de tres agresiones sexuales en diferentes momentos de trabajo, a lo largo de 10 años.
Cuando en octubre de 2023 Fuentes descubrió que la denunciante había iniciado una relación sentimental con otro trabajador de la empresa, la dinámica cambió radicalmente. El acoso sexual derivó entonces en acoso laboral sistemático y metódico, con vaciado de funciones y aislamiento, con el único fin de forzarla a abandonar la empresa. La denunciante, que actualmente se encuentra en situación de excedencia, aportó junto a su denuncia informes clínicos que acreditan un trastorno distímico con depresión mayor y ansiedad, además de una pérdida de diez kilos.
El juez aprecia indicios y la Junta la protege con teleasistencia
Dos meses después de que la víctima interpusiera la denuncia, el pasado 25 de marzo, y tras escucharla, el magistrado Francisco José de Córdoba dictó un auto ese mismo día. Además, ordenó las primeras diligencias. Entre ellas, citó a declarar como investigado a Fuentes, solicitó información sobre posibles antecedentes penales, convocó a dos testigos propuestos por la denunciante y ordenó un reconocimiento médico forense para acreditar el estado de salud psíquica de la denunciante y las posibles secuelas.
Fuentes estaba citado a declarar el 11 de mayo, pero logró aplazar su comparecencia al 25 de junio al cambiar de abogado tres días antes. Esa misma semana anunció por sorpresa su renuncia a la presidencia del Clúster audiovisual de Andalucía. No obstante, no mencioó en su carta de despedida el procedimiento judicial en el que se hallaba inmerso, pese a que el juez le había notificado su imputación el 31 de marzo.
Un dispositivo ATENPRO para la denunciante
La dirección de la Radio Televisión Andaluza (RTVA), principal cliente e inversor indirecto de ADM, ha declarado públicamente que no conoce el contenido de la denuncia y que el asunto nunca se ha tratado en su Consejo de Administración.
El Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), sin embargo, valoró el riesgo de manera diferente. Tras la comparecencia de la denunciante en el juzgado, el IAM le facilitó el dispositivo ATENPRO. Se trata de un recurso de teleasistencia que le permite alertar a la Policía —que la tiene geolocalizada en todo momento— con solo apretar un botón.
Un caso que encaja en un patrón estructural
Este procesamiento no puede leerse fuera de su contexto. El acoso sexual en entornos laborales con fuerte concentración de poder es uno de los mecanismos más documentados de subordinación de las mujeres, también en sectores como el audiovisual.
Según el primer informe estatal sobre violencia sexual en la industria del cine y el audiovisual elaborado por la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisulaes (CIMA), el 60,3% de las mujeres del sector encuestadas ha sufrido violencia sexual.
Este caso ha llegado a los juzgados especializados tras la puesta en marcha de la Ley 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Desde octubre del año pasado, aumentaron las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer a todos los delitos contra la libertad sexual, con independencia de que el agresor sea la pareja o expareja de la víctima.