“Yo creo que ya asumo 100% la violencia que he vivido, pero yo tardé bastante tiempo en darme cuenta de todo aquello. Había ciertas cosas que yo no reparaba, sobre todo a nivel de la violencia psicológica y de la manipulación y de su posición de poder”. Lucía, cineasta.
«Yo tengo claro que yo estaba en peligro, y que a mí ese tío me quería hacer el máximo daño posible, yo no creía que me iba a clavar un cuchillo, pero que sí, que yo vi la muerte». Rocío, actriz.
Los testimonios de Lucía y Rocío forman parte del informe ‘Después del silencio. Impacto de los abusos y violencias sexuales contras las mujeres en la industria del cine y el audiovisual’, presentado ayer en la CINETECA de Madrid, por la Asociación de Mujeres Cineastas (CIMA), y la presencia de la Ministra de Igualdad, Ana Redondo.
La investigación, elaborada por Nerea Barjola y Bárbara Tardón, traduce en cifras las historias de las mujeres en el mundo audiovisual y lanza un dato tan contundente como estremecedor: el 60,3% de las que trabajan en el sector ha sufrido violencia sexual en entornos laborales de todas las áreas, ya sea interpretación, dirección, guion, sonido o producción.
‘Todo el mundo lo sabe, pero nadie actúa’
El informe denuncia, además, una estructura de silencio, impunidad y castigo hacia quienes denuncian, sostenida por el poder jerárquico y la falta de respuestas institucionales.
«Las mujeres han roto el silencio. Ahora le toca a la industria responder». Así de tajante se mostró la presidenta de CIMA, Guadalupe Balaguer, durante la presentación. Tardón también habló de los tentáculos de la violencia sexual, que atraviesan «las escuelas, los rodajes, los castings, los hoteles y en todas las partes».
Por su parte, la cineasta Almudena Carracedo, también coordinadora del estudio, explicó que los testimonios recogidos muestran una industria que protege a los agresores, “incluso los premia con ascensos”.
10 datos clave que dibujan una violencia sistémica
‘Después del silencio’ perfila un panorama del mundo audiovisual hostil para las mujeres que trabajan en él, con estructuras de poder enraizadas que naturalizan la violencia.
Así, de las 312 profesionales encuestadas que han participado en la encuesta previa para la obtención de datos, el 81,4% ha sufrido acoso verbal; el 49,5%, acoso físico; y el 22,3%, acoso digital o virtual.
De ellas, el 92% no ha denunciado nunca la violencia sufrida. Tan solo un 6,9% lo hizo ante instituciones, y apenas un 4,3% acudió a entidades especializadas. ¿Los motivos del silencio? Según el informe de CIMA, por no saber cómo proceder (30%), por temor a las represalias (27%) y por considerar inútil denunciar (22,2%).
Y aquí entra en juego otra de las denuncias de las cineastas de CIMA, la desconfianza en las instituciones. Un 46,2% de las que sí denunció valoró la atención recibida durante el proceso como «muy mala».
El 73% opina que hay abuso de poder generalizado
También llama la atención negativamente el hecho de que las propias víctimas de esta violencia consideren que sus denuncias no son tomadas en serio. Es decir, el 64,4% cree que hay falta de credibilidad de las víctimas. Entre las mujeres de 20 a 29 años, este porcentaje sube al 80%.
El estudio de CIMA revela también que las personas con poder en la industria abusan de su posición para ejercer violencia sexual. Este grupo forma el 76,3%.
Esta situación se agrava en tanto en cuanto, un 64% de las mujeres no tiene conocimiento de la existencia de protocolos en su entorno laboral para los casos de violencia. De hecho, solo el 24,4% ha reconocido conocer sus derechos según la Ley Orgánica 10/2022.
La violencia como mecanismo de exclusión laboral
Por todo ello, hay casi unanimidad -95,2%-, a la hora de pedir reformas estructurales en las que se integren protocolos, formación y mayor presencia femenina en los puestos de poder.
Al respecto, CIMA denuncia que han de ser protocolos reales y de aplicación válida, porque lo actuales, cuando existen, se usan como trámite burocrático y no protegen a las mujeres. En el informe los llaman ‘papeles mojados’, ya que la mayoría de las productoras y plataformas no los aplican de forma real.
Y lo exigen para enfrentar situaciones que no deben normalizarse y porque las consecuencias profesionales las viven ellas, las víctimas. Muchas cambian de área, abandonan proyectos o dejan el sector. La violencia, por tanto, actúa como mecanismo de exclusión laboral.
El informe retrata, por tanto, un ecosistema que penaliza a las víctimas y blinda a los agresores. Muchas mujeres son desacreditadas, silenciadas o revictimizadas tras denunciar. «Tengo miedo a perder trabajos, a ser señalada como conflictiva», confiesa una de las entrevistadas.