A partir de mañana, viernes 3 de octubre, entra en vigor una reforma que extiende las competencias de los juzgados de violencia sobre la mujer. Estos deberán encargarse también de los delitos contra la libertad sexual cometidos fuera del ámbito de pareja o ex pareja. Y con ellos, los referentes a trata de seres humanos con fines de explotación sexual, matrimonios forzados y mutilación genital femenina.
Hasta ahora, estos juzgados se ocupaban exclusivamente de casos de violencia en el contexto de la relación de pareja o la ex pareja. Pero con la introducción de la Ley de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, su carga de trabajo, aumenta.
Por su parte, el Ministerio de Justicia sostiene que esta ampliación de competencias “garantizará un mejor servicio y protección a las víctimas”. Se basa en que los casos con componente de género serán asumidos por jueces con formación específica en igualdad, lo que evitará la dispersión de los trámites judiciales.
Sin embargo, esta decisión ha sido recibida con alarma por parte de juezas y jueces especializados, quienes llevan advirtiendo desde hace meses que los medios disponibles no permiten asumir esa carga adicional.
En junio, fueron más de 300 juezas y jueces de violencia contra la mujer los que alertaron de la saturación de los juzgados. El comunicado de ayer lo firmaron algo más de un centenar.
Alerta de 123 jueces y juezas especializados en violencia de género
Esta misma semana, un total de 123 jueces y juezas de los juzgados especializados en violencia sobre la mujer han vuelto a firmar un comunicado público en el que denuncian una “muy previsible” situación de colapso para estos tribunales.
En el documento, señalan que la saturación estructural de estos órganos —que ya arrastran años de sobrecarga— se agrava con las nuevas competencias, que califican de “inasumibles” con los recursos actuales.
Los jueces rechazan, pues, la afirmación del Ministerio de que se ha incrementado un 50% el número de plazas para reforzar esos órganos. Denuncian, realmente, que “la realidad es muy distinta” y que, hasta el momento, no se han dotado de los refuerzos prometidos.
Como ejemplo práctico, los firmantes citan los problemas técnicos de las pulseras de detección de proximidad (dispositivos antimaltrato). Son fallos que han afectado la vigilancia electrónica de agresores, y que consideran muestran lo que puede ocurrir cuando las carencias estructurales se traducen en riesgos reales para las víctimas.
«Nefastas consecuencias para las mujeres víctimas»
Según advierten en un comunicado conjunto, “la realidad es que esta vez no podremos abarcar todo lo que se avecina, porque es inasumible”. Asimismo, recuerdan que ya en marzo de 2025 otro grupo de más de un centenar de juezas y jueces emitió un manifiesto similar. En él, alertaban de las “nefastas consecuencias” que esta carga adicional tendría para órganos “sobrecargados desde hace años”.
Añade, además, que en muchos partidos judiciales, las sedes no han sido adaptadas para ofrecer condiciones dignas a las mujeres. Y denuncian que los refuerzos contemplados por el Ministerio se limitarán a comisiones de servicio sin relevación de funciones.
El Ministerio de Justicia ha incrementado 50 nuevas plazas judiciales; 8 de ellas se activarán en octubre y, el resto, en diciembre.
Aumento del 42 % de jueces y refuerzos temporales
Ante estas críticas, el Ministerio de Justicia insiste en que ya se han activado medidas para reforzar los juzgados especializados. Según fuentes oficiales, antes de finalizar 2025 habrá un aumento del 42% en el número de jueces especializados en violencia sobre la mujer.
Ese incremento corresponde a 50 nuevas plazas judiciales creadas el 3 de junio, lo que equivaldría a ese alza del 42 % respecto al número previo. Se incluyen también 42 nuevas plazas de fiscales especializadas para atender estos casos, de las cuales 41 ya han sido convocadas y una adjudicada.
De las 50 plazas judiciales, 8 se activarán en octubre en ciudades como Ayamonte, Marbella, Arona, L’Hospitalet, Llíria, Vila-Real, Manacor y Arganda del Rey. Las otras 42 operarán en diciembre, cuando se creen los nuevos Tribunales de Instancia.
Jueces en comisión de servicio
Mientras tanto, el Ministerio ha autorizado refuerzos temporales para 13 juzgados especializados. Esto serán los que deban asumir las nuevas competencias al inicio, mediante jueces en comisión de servicio o suplencias.
El Ministerio alega que el incremento real de carga de trabajo es “paulatino” pues los casos nuevos se distribuirán progresivamente. Por su parte, los procedimientos ya en curso seguirán su proceso en los juzgados que los tramitan actualmente.
Justicia concluye defendiéndose con que el aumento del 42% en jueces está “muy por encima” del crecimiento estimado de carga de trabajo. Y este, según es del 12,9%, según el cálculo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).