La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es un derecho reconocido en España desde hace más de una década y consolidado con la reforma de 2023. Dicha reforma recuperó la capacidad de decidir de las mujeres de 16 y 17 años sin necesidad de consentimiento paterno y garantizó su práctica en hospitales públicos. Sin embargo, la realidad muestra un desfase evidente entre lo que establece la ley y la experiencia de las mujeres que optan por abortar.
El informe ‘El aborto en España: barreras y retos para garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo’, elaborado por la Federación de Mujeres Jóvenes (FMJ) y presentado en el Instituto de las Mujeres con motivo del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, constata que más del 80% de los abortos se realizan en centros privados acreditados, aunque estén financiados con fondos públicos.
Este es un estudio de carácter cualitativo y exploratorio que revela que la externalización del servicio, las diferencias territoriales y la ausencia de protocolos comunes siguen marcando un acceso desigual. Un acceso, por tanto, condicionado por factores sociales, económicos y administrativos.
Madrid, privatiza y Castilla La Mancha no presta
El análisis de la FMJ se centra exclusivamente en cuatro comunidades autónomas (Castilla-La Mancha, Cantabria, Madrid y Cataluña). El objetivo es comparar distintos modelos de acceso. A este estudio se han sumado los resultados de 18 entrevistas en profundidad a profesionales de la sanidad pública, clínicas acreditadas, trabajadoras sociales, activistas y expertas.
En Castilla-La Mancha, por ejemplo, el análisis arroja una ausencia casi total de prestación en la red pública, lo que obliga a derivar sistemáticamente a las mujeres a clínicas privadas. Solo existen dos centros acreditados en toda la región, uno en Albacete y otro en Miguelturra. Entre los dos cubren cinco provincias, lo que implica largos desplazamientos a otras provincias, costes añadidos y falta de red de apoyo.
En Cantabria, sin embargo, el modelo está más integrado en la red pública, con servicios en el centro de salud sexual y reproductiva ‘La Cagiga’. Sin embargo, mientras el aborto farmacológico está disponible en la red pública, el instrumental obliga a desplazarse fuera de la comunidad, generando costes adicionales y falta de acompañamiento.
En la Comunidad de Madrid, el estudio identifica uno de los casos más evidentes de privatización estructural. Aquí las mujeres se enfrentan a obstáculos burocráticos en la red pública que retrasan el acceso y refuerzan el estigma, puesto que los hospitales públicos prácticamente no asumen esta prestación.
En Cataluña, en cambio, se observa un modelo más equilibrado, ya que aproximadamente un 40% de los abortos se realizan en hospitales públicos. Aun así, persisten desigualdades entre áreas urbanas y rurales, donde la atención es más limitada. Además, se registran dificultades relacionadas con la objeción de conciencia y la falta de homogeneidad en los circuitos sanitarios.
La FMJ reclama la integración plena del IVE en el sistema público de salud y en la red sanitaria pública, la capacitación del personal sanitaria y la regulación de la objeción de conciencia.
Recomendaciones y hoja de ruta feminista
El informe, además de señalar las carencias, ofrece un conjunto de propuestas para transformar el panorama actual. Entre ellas, la Federación de Mujeres Jóvenes plantea la integración plena del IVE en la red pública de salud. También, regular la objeción de conciencia con registros efectivos y homogéneos; formar y capacitar al personal sanitario con perspectiva feminista y unificar protocolos.
Este conjunto de medidas, permitirían, a su entender, eliminar el estigma institucional y ofrecer una atención respetuosa a las mujeres. Paralelamente, procurarían un acceso inclusivo para colectivos vulnerables y evitarían trabas como la exigencia de empadronamiento o de tarjeta sanitaria. Por último y como de todo lo anterior, la FMJ considera indispensable promover la educación sexual integral en todos los niveles educativos.
Es la forma de acabar con la excepcionalidad de la prestación del aborto, según lo ve la FMJ. Sobre todo, relatan, “cuando debería estar plenamente asumido como parte esencial de la salud pública”.