El Movimiento Asambleario de Trabajadoras/es de Sanidad (Mats) ha pedido a la Fiscalía General que investigue el cambio de prioridad aplicado a 57 pacientes de la lista de espera quirúrgica del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. El sindicato considera que esa decisión podría constituir un delito de prevaricación administrativa, el que se atribuye a quien, desde un cargo público, adopta a sabiendas una resolución arbitraria.
Según el escrito, consultado por Europa Press, esos pacientes dejaron de estar clasificados como preferentes y pasaron a la categoría de normales. Un diferencia que se traduce en el tiempod de espera quirúrgica. Es decir, un paciente preferente debe ser operado en un máximo de 90 días, mientras que uno normal puede esperar hasta 180. Para el sindicato, el cambio supone un perjuicio asistencial para las personas afectadas.
Mats señala como responsables a tres cargos del hospital. El director gerente, Carlos Mingo; el director médico, Rafael Martínez, y el jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología, Basilio de la Torre. Por ello reclama al Ministerio Público que abra una investigación sobre lo ocurrido.
‘Desprestigiar’ al denunciante
La denuncia llega después de que, según el sindicato, la Consejería de Sanidad respondiera a las irregularidades tratando de «desprestigiar» a quien las sacó a la luz, el doctor Luis Alberto Martos.
En paralelo, Mats ha abierto un segundo frente ante el Defensor del Pueblo a quien dirige su queja contra los compromisos de confidencialidad y deber de secreto que, según denuncia, se obliga a firmar a las y los profesionales de varios hospitales públicos de la Comunidad de Madrid. El sindicato cita expresamente el Hospital Universitario Dr. Rodríguez Lafora, el Hospital Universitario de Getafe y el Infanta Leonor, en Vallecas.
El sindicato atribuye a estos documentos «un marcado carácter coercitivo». Sostiene que su objetivo es disuadir al personal y limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión o el derecho de protesta, que incluye la posibilidad de comunicar a las autoridades las irregularidades que se cometan en el propio centro.
En un comunicado, Mats va más allá y enmarca estas cláusulas en una «estrategia de ocultación» y de amedrentamiento de las plantillas. A su juicio, afectan sobre todo a quienes acaban de incorporarse o tienen contratos temporales, y causan un perjuicio grave al sistema público y a la salud de la ciudadanía.