Patatas podridas enviadas a una residencia de mayores / CSIT Unión Profesional
Patatas podridas enviadas a una residencia de mayores / CSIT Unión Profesional

La semana pasada la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid confirmaba que había impuesto cuatro multas que superan los 4.000 euros a la Plataforma Femar, empresa adjudicataria, por entregar alimentos en mal estado a residencias y centros de menores.

Hace unos meses varios familiares y residentes de distintas residencias de mayores públicas de la región acusaron a esta misma subcontrata de servir comida en mal estado. Las quejas llegaron de diferentes residencias públicas de mayores, como la Francisco de Vitoria de Alcalá de Henares, la de Arganda del Rey, Colmenar Viejo o San Fernando de Henares.

Por ello, Más Madrid ha registrado una proposición no de ley (PNL) para que las residencias de la Comunidad de Madrid no puedan contratar con empresas que hayan sido sancionadas por malas prácticas o hayan atentado contra la salud pública.

La portavoz de la formación en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha exigido que cambien el régimen de contratación y que la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, no haga «negocio con la salud de las personas».

«Con Ayuso, las tres comidas al día en residencias se han convertido en tres suplicios al día con la comida basura, la comida en mal estado y la comida podrida«, ha recalcado.

Ejemplo de una de las comidas de la residencia Francisco de Vitoria/ IU
Ejemplo de una de las comidas de la residencia ‘Francisco de Vitoria’, de Alcalá (Foto: IU)

Evitar malas praxis

Así, Más Madrid pretende evitar que las empresas incurran en malas praxis. Con los criterios actuales, las empresas sancionadas solamente pagan una multa que apenas supone una merma en su actividad económica. Incluso hay empresas con varias sanciones que están aumentando el número de contrataciones públicas, recoge la formación en un comunicado.

Para Alodia Pérez, diputada de Más Madrid, «es urgente cambiar los criterios de contratación y velar por el bienestar de las personas» y para ello hay que terminar con «el régimen del lucro despiadado que lleva años imponiéndose en la contratación pública madrileña».