La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado la reapertura de la causa contra la Comunidad regional por el fallecimiento de siete mayores en una residencia de Ciudad Lineal en relación con los protocolos de derivación a hospitales, la segunda causa reabierta por estos fallecimientos después de otra investigación que se llevará a cabo en Collado Villalba.
En el auto, la Audiencia provincial insta al Juzgado de Instrucción número 50 a que investigue si hay responsabilidad en la actuación de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y dos de sus consejeros durante la pandemia, el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, y el de Justicia e Interior, Enrique López, por el fallecimiento de siete mayores que murieron en la residencia Amavir Ciudad Lineal de la capital sin ser derivados al hospital Ramón y Cajal.
El secretario general del PSOE-M, Juan Lobato, ha celebrado que se «investigue y fiscalice jurídicamente» las decisiones de la Comunidad de Madrid con respecto a las residencias durante la pandemia, aunque ha criticado que esa fiscalización no se haya hecho en la Asamblea.
«Propuse insistentemente esa comisión parlamentaria que nos ayudará a saber la verdad pero no por revanchismo sino para que no vuelva nunca jamás a pasar que 7.200 madrileños mueran en las residencias», ha explicado el socialista ante los medios.
Manifestación en Madrid
En este contexto, este domingo la plataforma ‘Marea de Residentes’ ha convocado una protesta para este domingo con el fin de recordar a los residentes fallecidos durante la primera ola de la pandemia y denunciar la «pésima gestión» que hubo en torno a la Covid-19 por parte «de la Administración y de la gran mayoría de empresas que gestionan el sector».
La protesta parte de Cibeles a las 11.30 horas. A su llegada a la Puerta del Sol se dará lectura a un manifiesto tras el cual se podrá escuchar una estrofa de la ‘Sevillana del adiós’ con letra adaptada para la ocasión.
A continuación, se mantendrá un minuto de silencio en memoria de aquellos a quienes «se les negó su derecho a una atención sanitaria» por la decisión de la Administración de no derivarlos desde sus residencias».
Para Marea de Residencias, «la inexistencia de un marco legal de carácter estatal, la ausencia de una ley de residencias que garantice una vida digna a las personas institucionalizadas, las privatizaciones efectuadas durante décadas y la venta de los derechos sociales al sector empresarial» han abocado a la «tragedia humana conocida por todos» que «aún continúa haciendo estragos en las residencias».
