El ex consejero madrileño Francisco Granados ha pedido al juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta existencia de una ‘caja b’ en el PP de Madrid con la que se habrían financiado las elecciones de 2007, 2008 y 2011 que revoque su procesamiento por esta pieza número 9 de ‘Púnica’.
Así, Granados asegura que su papel como director de campaña era «meramente testimonial», por lo que cree que debería ser exonerado como sus superiores, los ex presidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González.
Granados solicita al titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Manuel García Castellón, que corrija su decisión del pasado viernes, con la que le procesó -junto a otras siete personas- al mismo tiempo que archivó la investigación judicial para otras 71, entre ellas Aguirre y González.
Granados afirma que el delito electoral que se le imputa por los comicios de 2011 está prescrito, al igual que los relativos a los de 2007 y 2008, dos votaciones respecto a las cuales el instructor ya apreció que la eventual responsabilidad penal se había extinguido por el tiempo transcurrido (más de tres años).
Además, sostiene que, como director de campaña, estaba «al margen de cualquier gestión económica o posibilidad de mediar en estos aspectos con proveedores, donantes, y terceros que pudiesen ostentar posición alguna en el PP o en la campaña referida«, lo que –alega– «imposibilita la comisión de cualquier ilícito».
El letrado, además, recuerda que el secretario general del PP de Madrid en noviembre de 2011 era González, «que además salió electo como ‘número uno’ de la lista en esa campaña y presidente, a la vez, del comité electoral, además de vicepresidente del Gobierno y persona que controlaba por su interés en dicha campaña todos los actos derivados de la misma, en unión a la presidenta del partido«, Aguirre.
Por ello, enfatiza, les parece «un contrasentido» procesar a «alguien que funcionalmente y por organigrama carece de potestad y competencia para gestionar la tesis de acusación, máxime cuando los mencionados son los que tienen dicha competencia y realizan dichas funciones, en unión al administrador electoral referido, el señor Beltrán».
Llama la atención también sobre el hecho de que Aguirre y González eran «los dos máximos interesados en ganar esos comicios», por ser la presidenta y vicepresidente. «Y da la casualidad de que son los beneficiados sobreseídos como personas de rango superior», remacha.
Con todo, afea a García Castellón que usa «un mismo criterio de forma contradictoria» que le lleva a archivar la causa para Aguirre, González o la ex consejera madrileña Lucía Figar mientras que a él le empuja hacia el juicio. «¿Por qué el argumento utilizado para la señora Aguirre o el señor González de desconocimiento a cómo se contrataron y pagaron esos trabajos no es válido para el señor Granados?«, cuestiona, en alusión a los trabajos de reputación ‘online’.