Ni la expresidenta del gobierno regional, Esperanza Aguirre ni su sucesor, Ignacio González, irán al banquillo por la supuesta «caja b» del PP de Madrid.
El juez de la Audiencia Nacional (AN) Manuel García Castellón ha acordado este viernes levantar las imputaciones que pesaban sobre la ex presidenta madrileña y su sucesor por la presunta existencia de una ‘caja b’ también en el PP de Madrid con la que se habrían financiado parcialmente las elecciones de 2007, 2008 y 2011.
No obstante, ll juez de la Audiencia Nacional llevará a juicio al exnúmero tres de la expresidenta madrileña, Francisco Granados además del ex gerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez y otras seis personas.
En total, el juez propone juzgar a ocho personas, la mayor parte colaboradores estrechos de Aguirre en el ejecutivo regional junto con empresarios.
De esta forma, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 se alinea con la Fiscalía Anticorrupción, que pidió exculpar a Aguirre al no apreciar indicios de que fuera «conocedora» de las actuaciones de la trama ‘Púnica’, por considerar que el hecho de que tuviera «el control absoluto» del PP regional es «insuficiente» para procesarla.
Las conclusiones de Anticorrupción no llevaban la firma de ninguna de las dos fiscales que han trabajado en el caso en los últimos años por desacuerdos con su contenido, entre ellos la exculpación de Esperanza Aguirre, según fuentes del caso.
Además, también sigue los pasos del Ministerio Público en lo relativo a González, ya que, aunque el fiscal vio indicios de que habría cometido un delito electoral en las elecciones autonómicas de 2007, al mismo tiempo concluía que estaría prescrito.
El auto de procesamiento empuja a la fase intermedia, la antesala del juicio, esta pieza separada número 9 de ‘Púnica’, la más destacada de una macrocausa que arrancó en 2014 y que ahora componen una docena de líneas de investigación.
Sobre Francisco Granados
En cuanto a la operativa que achaca a los procesados, García Castellón relata a lo largo de 257 páginas que la principal fuente irregular de captación de recursos fue a través de aportaciones de dinero en efectivo que le eran entregadas, directa o indirectamente, a Granados, entonces secretario regional del PP.
Una vez entregadas -señala-, Granados registraba los pagos de forma manuscrita en una libreta negra, tras lo cual, descontaba de las cantidades una cuantía que retenía para sí o para terceras personas ajenas al partido y el resto lo hacía llegar a Gutiérrez, gerente del PP madrileño y futuro administrador electoral que se encargaba de hacer los pagos en efectivo que no deseaban hacer constar ante la Cámara de Cuentas.
Según la descripción judicial, la relación entre Granados y Gutiérrez era de plena confianza, pues el mismo venía desarrollando esa labor con los diferentes secretarios generales de la formación política regional y de los diferentes directores de las campañas como nexo de unión entre las personas que «recibían» el dinero en efectivo de terceras personas y, posteriormente, lo hacían llegar a la sede regional.
Así, García Castellón sostiene que la contabilidad presentada ante la Cámara de Cuentas «no respondía a la realidad de lo sucedido». Como otra fuente de financiación, añade, se sumó la derivada de la cuenta de la Fundación FUNDESCAM y, ya de forma transparente, la derivada de la propia cuenta electoral.