La Fiscalía Europea ha señalado que la decisión de la fiscal general del Estado (FGE), Dolores Delgado, de dividir en dos la causa en la que se investiga el contrato de emergencias vinculado al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, “no se ajusta a la legislación de la Unión Europea” y anuncia que continúa con su investigación.
En un comunicado, apunta que la Fiscalía Europea toma nota de la decisión de 28 de marzo de Delgado, pero apunta que la fiscal general europea, Laura Codutra Kovesi, “quiere expresar su preocupación por el procedimiento” que condujo a esa decisión.
Recalca, así, que la decisión sobre un conflicto de competencias entre un organismo nacional y un organismo europeo fue tomada por la FGE que es el superior jerárquico del organismo nacional -la Fiscalía Anticorrupción- y, por tanto, “parcial en el procedimiento en curso”. Lamenta, asimismo, que haya decidido por decreto “sin escuchar a ambas partes en el conflicto de competencia” durante la Junta de Fiscales de Sala.
Al tiempo, indica que dado que la ley española que regula este procedimiento, que se refiere a la interpretación y aplicación del derecho de la Unión, no prevé recurso alguno, esto impide que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ejerza su mandato exclusivo de garantizar la correcta interpretación del derecho de la UE y, por tanto, constituye un desafío a la supremacía del derecho de la UE.
El contexto
Delgado acordó permitir que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, una decisión que ha contado con el respaldo por unanimidad de la Junta de Fiscales de Sala.
La decisión llegó después de que la Fiscalía Europea solicitará quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba una posible malversación de fondos europeos, ya que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos.
En la reunión de este lunes, que se alargó por dos horas, la fiscal general defendió que si bien la parte de la presunta malversación puede investigarla en el proceso abierto la Fiscalía Europea, los delitos conexos que tienen que ver con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas debe quedarse en la Fiscalía Anticorrupción.
Con ello, respaldó la propuesta del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien en declaraciones a los medios al término de la Junta ha señalado que las diligencias preprocesales de investigación se quedan en su departamento.
