La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha acordado permitir que la Fiscalía Europea investigue el contrato vinculado al hermano de Isabel Díaz Ayuso, pero en paralelo a la investigación de la Fiscalía Anticorrupción española, una decisión que ha contado con el respaldo por unanimidad de la Junta de Fiscales de Sala.
La decisión llega después de que la Fiscalía Europea solicitará quedarse con esta causa en su totalidad porque estudiaba una posible malversación de fondos europeos, ya que ese contrato de emergencia para la adquisición de mascarillas en plena pandemia se pagó con fondos europeos.
En la reunión, que se ha alargado por dos horas, la fiscal general ha defendido que si bien la parte de la presunta malversación puede investigarla en el proceso abierto la Fiscalía Europea, los delitos conexos que tienen que ver con el buen funcionamiento de las administraciones públicas españolas debe quedarse en la Fiscalía Anticorrupción.
Respalda así la propuesta del fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, quien en declaraciones a los medios al término de la Junta ha señalado que las diligencias preprocesales de investigación se quedan en su departamento.
«Por unanimidad se ha apoyado la posición de la fiscal general en el sentido de que Anticorrupción continúe con la investigación abierta sobre los delitos que son de su exclusiva competencia, sin perjuicio de la facultades de la Fiscalía Europea de continuar con los delitos que específicamente afectan a intereses financieros de la UE», ha explicado.
Así, ha indicado que esos delitos «que atañen a intereses estricta nacionales relacionados con el buen funcionamiento de la administración publica española» se los queda él como fiscal encargado del asunto.
Isabel Díaz Ayuso insistió ayer durante un acto en que «no hay nada» irregular con el contrato público vinculado a su hermano por mucho que lo lleven «al Vaticano o a la OTAN». La dirigente madrileña hizo un «resumen» del recorrido de la denuncia presentada: «Es una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid, alimentado por una ministra socialista y elevado, a su vez, a un organismo dirigido por una persona puesta a su vez por el propio PSOE, y alimentando por una ministra socialista, en este caso la de Justicia, que según sus propias declaraciones ni siquiera respetó la separación poderes».
Conflicto de competencias
Mientras, la Junta, a la que asisten más de una treintena de fiscales de Sala, se celebraba para atender a este conflicto de competencias entre fiscalías. Ayer por la mañana, desde la Fiscalía Europea se trasladaba a Delgado la posibilidad y conveniencia de que fuera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) quien decidiera, por lo que instaba a que se elevara una cuestión prejudicial al respecto.
Pero Luzón, tras la Junta, ha afirmado que la Ley Orgánica en su artículo 9 es clara al subrayar que las discrepancias que puedan surgir sobre la intervención de la Fiscalía Europea en relación «con delitos indisolublemente vinculados a los que si son de su competencia» deben ser decididas por la FGE.
«Creemos que no se dan las circunstancias como para elevar al TJUE», ha dicho Luzón, si bien ha matizado que lo que vaya a hacer a partir de ahora la Fiscalía Europea «es asunto suyo» y que en todo caso «el conflicto de competencias se cierra de acuerdo a la Ley».
Colaboración
Por otro lado, Luzón ha señalado que la colaboración y coordinación entre ambas fiscalías se desarrollará dentro de la normalidad institucional con «la leal cooperación que hay entre las dos». De hecho, ha apuntado que no descarta que en el futuro si tiene que transmitir información sobre esta investigación concreta así lo hará «con toda normalidad como se hace hasta la fecha».
Así, ha explicado que lo que está haciendo la Fiscalía Europea es un procedimiento penal, porque ahí los fiscales hacen las veces de jueces instructores, mientras que en Anticorrupción sólo se trata de una investigación preprocesal que en caso de que haya base suficiente puede acabar en incoación de un proceso penal.
Sobre la reunión ha explicado que han hablado una veintena de fiscales que han realizado aportaciones valiosas que se incorporarán al contenido del decreto de la fiscal general, pero que el apoyo ha sido unánime.
Además, ha querido subrayar que no se trataba de una disputa entre fiscalías porque solo era «un tema competencia y procesal», y ha recalcado que «ninguna fiscalía nacional debe ceder las investigaciones estrictamente domésticas y nacionales que no perjudican a intereses financieros de la UE sino que atañen al funcionamiento de la administración publica española».
