Las plataformas reunidas bajo el nombre ‘Por la pública’, que representan a las seis universidades públicas madrileñas (Complutense, Autónoma, Carlos III, Politécnica, Rey Juan Carlos y Alcalá), han convocado una huelga en el ámbito universitario para el próximo 28 de abril.
Con este paro, pretenden alzar la voz contra la «asfixia económica» que denuncian y contra el anteproyecto de la nueva Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (LESUC), cuyo texto aún no ha sido publicado en su versión definitiva.
En un comunicado difundido hoy, estas instituciones han enumerado en diez puntos las razones que motivan la huelga en las universidades, encabezada por el lema ‘Salvemos la educación pública‘.
El primero de los puntos critica lo que consideran una “asfixia económica que se convierte en ley”, alertando de que, según lo recogido en el borrador, “el Gobierno regional solo aportará el 70% de la financiación”. Añaden que esta situación implicaría una mayor dependencia de fondos privados y un aumento en las tasas de matrícula.
Los tres siguientes argumentos apuntan al temor de que la universidad pública madrileña derive hacia un modelo de gestión empresarial, con un incremento de la privatización y una creciente permisividad hacia entidades privadas que obtengan beneficios económicos a costa de la educación superior. Según estas plataformas, este enfoque estaría respaldado por la nueva legislación que negocian actualmente el consejero de Educación, Ciencia y Universidades, Emilio Viciana, junto con los rectores de las universidades públicas.
El comunicado también denuncia una progresiva «mercantilización de la formación y del conocimiento», que podría desembocar en la desaparición de carreras o investigaciones consideradas poco rentables. Asimismo, se critica la “sobrecarga burocrática” y el agravamiento de la precariedad y desigualdad laboral en el ámbito universitario.
El noveno punto expone la preocupación por la posible “injerencia del Gobierno regional en la autonomía universitaria”, al advertir que se permitiría “mayor control de capital privado y de la Comunidad de Madrid en órganos de coordinación de la educación superior”, así como un “poder de veto del presupuesto por parte de los Consejos Sociales”. Finalmente, alertan también de un incremento en la “represión a la libertad y al asociacionismo estudiantil”.
Huelga y propuestas para defender a las universidades públicas
Además de las quejas, las plataformas han elaborado un decálogo de propuestas para mejorar la educación superior pública. Entre las demandas más destacadas se encuentra el aumento de la inversión en universidades hasta alcanzar el 1% del PIB regional para 2030 (muy por encima del actual 0,4%).
Otras reivindicaciones incluyen una mayor fiscalización sobre las universidades privadas, el fin de los contratos laborales precarios y el respeto a la autonomía universitaria, así como una participación real de toda la comunidad educativa en la elaboración de la nueva norma.
También reclaman garantías para los derechos de asociación, libertad de expresión y actividad sindical en el entorno académico.
Una ley aún en fase de borrador
Desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, han señalado que el texto aún se encuentra en fase de negociación con los rectores y que el borrador no representa el contenido final de la ley.
Asimismo, el consejero Emilio Viciana ha defendido públicamente la financiación que la Comunidad de Madrid destina a las universidades. “El 4% del presupuesto se destina a la financiación universitaria, algo que muy pocas regiones del mundo hacen”, señaló Viciana el pasado 8 de abril ante los medios.
Dos días después, durante la sesión de control en la Asamblea de Madrid, garantizó que “ninguna universidad va a recibir menos dinero” y explicó que el nuevo modelo de financiación plurianual incluirá fondos destinados a objetivos concretos, préstamos interuniversitarios y la posibilidad de que los propios centros gestionen recursos a través de colaboraciones público-privadas.
Coincidencia con otra huelga educativa
La huelga universitaria coincidirá con la convocatoria promovida por la agrupación Menos Lectivas, integrada por más de 200 asambleas de centros educativos madrileños.
En este caso, la protesta también tendrá lugar el 28 de abril y se dirige contra el acuerdo entre la Consejería y los sindicatos de la Mesa Sectorial (CC.OO., UGT, CSIF y ANPE), que contempla una reducción del horario lectivo para el profesorado de Secundaria, pero no para los maestros de Infantil y Primaria.
“Es un insulto, no vamos a aceptar migajas”, expresaron desde la plataforma, que critica que esta medida no beneficie a todos los docentes por igual.
