La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha informado este miércoles que el Gobierno madrileño ha comenzado el procedimiento para incorporar al Instituto de Empresa (IE) como universidad privada en la región. Esta medida se toma en un contexto en el que el Ejecutivo central ha decidido endurecer los criterios para la creación de nuevos centros universitarios.
«Anunciarles que hemos iniciado la tramitación del proyecto de ley por el que el Instituto de Empresa, que es una de las escuelas de negocios de prestigio más importante del mundo, se va convertir en universidad en la Comunidad de Madrid antes de que finalice el año«, ha declarado la presidenta autonómica desde Quito, capital de Ecuador, donde se encuentra en una visita institucional.
Con esta iniciativa, el IE se sumará a las seis universidades públicas y trece privadas que ya existen en Madrid. Su nuevo estatus le permitirá «ampliar plazas y titulaciones», en un proyecto que «atrae a miles de alumnos de todo el mundo» y contribuye a hacer de la Comunidad «cada vez más excelente y universal».
Díaz Ayuso, ha sido nombra Doctora Honoris Causa por la Universidad de las Américas de Quito durante este viaje, ha insistido en que su Ejecutivo mantiene una firme apuesta por la cooperación entre lo público y lo privado, destacando la necesidad de «tender puentes entre la universidad, la investigación, las artes y la empresa».
El camino de convertir el Instituto de Empresa en universidad
La Consejería de Educación, Ciencia y Universidades ha finalizado el análisis inicial del proyecto, que ha contado con los informes favorables de la Conferencia General de Política Universitaria, la Fundación madri+d, la Secretaría General Técnica y la Dirección General de Infraestructuras, según ha comunicado el Gobierno regional.
A partir de ahora se abre el periodo de audiencia e información pública, y se requerirán nuevos informes de otras consejerías y de la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, entre otros organismos implicados.
Superada esta fase, la Consejería propondrá, si procede, que el Consejo de Gobierno apruebe el Anteproyecto de Ley. Posteriormente, el texto se enviará como Proyecto de Ley a la Asamblea de Madrid para su debate y eventual aprobación por los grupos parlamentarios.
Mientras tanto, el Gobierno central busca elevar los estándares para el reconocimiento de nuevas universidades. Según explicó el presidente, se exigirá un informe de evaluación obligatorio, realizado por la ANECA o su equivalente autonómica, como complemento al dictamen de la Conferencia General de Política Universitaria.
Este informe será vinculante y su objetivo es asegurar un control más estricto e independiente. Además, se establecerán requisitos más exigentes para autorizar nuevas universidades, como contar con un mínimo de 4.500 estudiantes en sus primeros cinco años de funcionamiento.
