Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, habría cobrado dos millones de euros en comisiones por la venta de mascarillas durante la pandemia del Covid-19. Estas operaciones, en las que el novio de Ayuso era intermediario, serían el germen de los dos delitos de fraude contra Hacienda denunciados por la Fiscalía Provincial de Madrid, tal y como detalla ‘ElDiario.es’.
El fiscal acusa a la pareja de Ayuso, y a otras cuatro personas más, de dos delitos de defraudación tributaria relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.
Según ha avanzado ‘ElDiario.es’, de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 esta empresa propiedad al 100% de González Amador, casi el 85% – 1.973.000 euros -, procedieron de una única operación: un contrato por «intermediar» para la empresa española FCS Select Products en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas. Estos elementos iban destinados a la protección frente al coronavirus en los peores momentos de la pandemia.
Así, FCS Select Products pagó, supuestamente, a la empresa de la pareja de la presidenta madrileña 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros.
Mape, la compradora del material, es otra empresa que también surtió de guantes y mascarillas a diferentes administraciones públicas. Entre sus clientes estaría la propia Comunidad de Madrid, que le ha adjudicado decenas de pequeños contratos en los últimos años, explica ‘ElDiario.es’.
Hacienda califica a la pareja de Ayuso como «un mero intermediario que se limitará a poner en contacto las dos partes que vaya a formalizar la compraventa de los productos» y destaca que «en ningún caso aparecerá como comprador ni como vendedor ni como parte del acuerdo», según recoge ‘ElDiario.es’.
Facturas falsas para defraudar a Hacienda
En el momento en que hubo que rendir cuentas a Hacienda sobre los beneficios obtenidos esos dos años es cuando se habría cometido el fraude del que la Agencia Tributaria acusa a Alberto González Amador. Las empresas del novio de Ayuso habrían hecho pasar como verdaderas 15 facturas falsas con gastos ficticios para desgravar que alcanzan la suma de 1,7 millones de euros para evitar el pago de 350.951 euros.
La Agencia Tributaria sostiene que, por los periodos impositivos comprendidos en el año 2020 y 2021, no veraces, «se dejó de ingresar con su comportamiento fraudulento la cuantía, de 155.000 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2020 y de 195.951,41 euros para el Impuesto de Sociedades del año 2021 en el Erario Público».
La oposición reclamó ayer a la presidenta regional explicaciones urgentes sobre esta circunstancia. Mientras Juan Lobato (PSOE-M) pedía que Ayuso diera la cara y detallara cómo ha podido beneficiarle esta situación, Manuela Bergerot (Más Madrid) exigía a la líder madrileña explicaciones que aclarasen si la presidenta pagó el piso donde vive «con dinero del fraude fiscal».
Ayuso compareció frente a los medios defendiendo lo que calificó como «investigación fiscal» efectuada a su pareja. Esta acción, aseguró ayer, «nada tiene que ver con la Comunidad»: «Yo tengo que responder por la Comunidad de Madrid, por la gestión que realiza mi Gobierno». «Aquí no ha habido ni tramas ni redes paralelas ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa«, recalcó la presidenta regional.
El PP denunció a FCS por presuntas irregularidades
En toda esta situación, se da la circunstancia de que el PP denunció ante la Fiscalía Anticorrupción los contratos de emergencia adjudicados por el Ejecutivo central durante la pandemia, presentando «pruebas» de las presuntas irregularidades. Entre las empresas objeto de investigación, se encontraba ‘FCS Select Products SL’. Según el PP, esta adjudicación era causa de la relación de amistad de los administradores de la sociedad con el que fuera ministro de Sanidad, Salvador Illa.
Además, el PP añadía a esto que su actividad social –servicios de fabricación de productos de artículos de marketing para el sector de bebidas alcohólicas– tampoco tenía relación directa con el objeto del contrato, que también se dio una falta de comprobación de su solvencia y que en 2018 su cifra de negocio fue inferior al millón de euros, mientras que en 2020 alcanzó los 236,1 millones de euros por las adjudicaciones públicas directas.
