La Guardia Civil ha registrado esta mañana el despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Los agentes han accedido a las dependencias de García Ortiz en busca de documentos, móviles y correos electrónicos relacionados con el presunto delito de revelación de secretos del que le acusa el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.
En un auto del Tribunal Supremo, el magistrado Ángel Luis Hurtado ha ordenado esta diligencia «al objeto de proceder a la intervención de todos aquellos dispositivos informáticos, objetos, documentos y demás efectos que pudieran tener relación con un delito de revelación de secretos» que le atribuye Alberto González Amador.
La pareja de la presidenta regional llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto. Este intercambio de comunicación se estableció por el caso que se sigue contra González Amador por supuesto fraude fiscal y falsedad documental.
Documentación, teléfono móvil, correo electrónico y ordenador del fiscal general
El magistrado ha autorizado a los agentes de la Guardia Civil la intervención de documentación «en soporte papel o informático que tengan relación directa con los hechos investigados» o que pudiera servir como indicio en la investigación.
Además, el juez ha acordado permitir a los agentes la aprehensión del teléfono o teléfonos móviles del fiscal general así como otros dispositivos informáticos que pudiera portar. Asimismo, ha autorizado el volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles de redes sociales u otros repositorios de información en Internet.
Abogado para el fiscal general
Esta misma mañana el magistrado Ángel Luis Hurtado ha emplazado a García Ortiz a designar abogado para no generarle indefensión en la causa que se sigue en su contra por un presunto delito de revelación de secretos cometido contra el novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, el instructor indicó que, si bien la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, «está representada por la Abogacía del Estado, no consta representación alguna por parte de Álvaro García Ortiz, por lo que procede requerirle para que designe profesionales que se encarguen de su defensa y representación, a efectos de no generarle indefensión».
Fuentes fiscales han explicado que será la misma Abogacía del Estado la que se haga cargo de la defensa del fiscal general del Estado en este procedimiento judicial.
Además, Hurtado ha dado traslado a las acusaciones populares personadas, que son Fundación Foro Libertad y Alternativa, Sindicato colectivo de funcionarios Manos Limpias, Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) para que, en el plazo común de cinco días, se pronuncien sobre su posible agrupamiento como permite el artículo 109.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Por otro lado, el instructor ha dejado pendiente de pronunciamiento, que resolverá en resolución aparte, las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador (acusación particular) así como la suspensión cautelar de funciones del fiscal general que ha solicitado Manos Limpias.
