El Tribunal Supremo (TS) ha acordado por unanimidad abrir una investigación contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por el presunto delito de revelación de secretos del que les acusa el novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Es la primera vez que se imputa al jefe del Ministerio Público.
La pareja de Ayuso, Alberto González Amador, fue quien interpuso la querella que ha desembocado en esta investigación. La pareja de la presidenta regional llevó a los tribunales la difusión de una nota informativa en la que la Fiscalía de Madrid daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal Julián Salto. Este intercambio de comunicación se estableció por el caso que se sigue contra González Amador por supuesto fraude fiscal y falsedad documental.
La Sala de lo Penal también ha acordado investigar a la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, que supuestamente envió a García Ortiz datos para la elaboración de la citada nota. Aunque no tiene la condición de aforada, los magistrados entienden que ambos comportamientos –el del fiscal general y el de ella– guardan una conexión inescindible que impide la incoación de causas separadas. García Ortiz asumió la responsabilidad de dicho comunicado.
La Sala, formada por los magistrados Susana Polo –como ponente–, Manuel Marchena –presidente–, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, y Carmen Lamela, ha designado instructor de esta causa, conforme al turno establecido, al magistrado Ángel Luis Hurtado.
García Ortiz anuncia que seguirá como fiscal general
Álvaro García Ortiz ha confirmado, tras darse a conocer esta investigación del TS, que seguirá en el cargo ejerciendo sus responsabilidades como fiscal general del Estado. García Ortiz ha defendido que «el ordenamiento jurídico atribuye a la Fiscalía la función de informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz, más aún en un caso como este en el que con bulos o falsedades se comprometía la imagen de la institución y de varios de sus integrantes».
«La atribución de la condición de investigado al fiscal general del Estado permitirá que pueda ejercitar plenamente mi derecho de defensa, toda vez que la investigación judicial se ha desarrollado hasta la fecha sin que haya podido hacerlo», ha indicado.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, también se ha referido a esta cuestión hoy defendiendo la «profesionalidad y honorabilidad» del fiscal general del Estado remarcando que la Fiscalía solamente «se defendió de una mentira» de la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según la vicepresidenta, Ayuso mintió al afirmar que la Fiscalía le había ofrecido un pacto y que «además era Hacienda la que le debía dinero», cuando según ha subrayado Alberto González Amador admitió que había cometido «un delito fiscal» y fue su abogado el que solicitó el pacto.
Batalla legal entre el fiscal general y el novio de Ayuso
El Supremo ha decidido, así, imputar a García Ortiz, el fiscal general, y a Rodríguez Fernández por un delito de revelación de secretos como consecuencia de la divulgación de la nota informativa donde se detallaba la cronología de las diligencias de investigación relativas al novio de Ayuso.
En cuanto al núcleo del delito, el TS indica que, «aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos, pero de la instrucción de causa practicada por el TSJ y en concreto de la declaración del fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, Julián Salto, se desprende que, horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados, estando los mismos en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial».
La Sala explica que las informaciones contenidas en esa nota ya habían sido sacadas a la luz por distintos medios los días 12 y 13 de marzo. En concreto, habían informado de la existencia de un correo electrónico del abogado de González Amador, de fecha 2 de marzo, dirigido a la Fiscalía de Madrid, en el que manifestaba que, de común acuerdo con su cliente, asumía la comisión de dos delitos fiscales «reconociendo íntegramente los hechos» y se comprometía a pagar la cuota e intereses de demora.
El Supremo se pregunta «cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando los mismos estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial, enviados por el señor Salto a partir de las 22.00 horas del día 13 de marzo, y dispusieron de ellos ambos para elaborar y consensuar la nota informativa», precisan los magistrados.
Sobre el posible perjuicio causado, la Sala considera que, en este momento inicial de formación de la causa, resulta difícil de fijar y deslindar, pero estima que «al menos indiciariamente, en este supuesto, sí existe una carga de lesividad que afecta al posible perjuicio al derecho de defensa» de González Amador como consecuencia de la revelación del correo existente entre su letrado y el fiscal de Delitos Económicos.
En consecuencia, el tribunal considera que «deben incoarse las oportunas diligencias de investigación, con el fin de confirmar o descartar los indicios suficientes de criminalidad anteriormente analizados, así como el grado de participación indiciaria de los querellados en los mismos».
