El caso del ático de Chamberí entra en una fase decisiva en el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador ha dado un plazo de cinco días a la Fiscalía para que se pronuncie sobre si considera procedente continuar las actuaciones o archivarlas antes de que el propio Tribunal adopte una decisión.
El nuevo trámite llega después de que la Comunidad de Madrid y la empresa pública Planifica Madrid presentaran el pasado 16 de octubre sus alegaciones reclamando que el procedimiento se archive.
La Fiscalía deberá pronunciarse antes de la decisión
Una vez recibido el criterio del Ministerio Fiscal, el Tribunal de Cuentas tendrá que resolver si designa un delegado instructor para practicar las diligencias previstas en su normativa o si, por el contrario, pone fin a las actuaciones.
Por ahora no existe ninguna resolución sobre el fondo del asunto ni se ha determinado que exista responsabilidad contable. La diligencia conocida es un paso procesal previo para decidir si la investigación continúa o se archiva.
El procedimiento se abrió el pasado 15 de septiembre tras recibirse cuatro denuncias relacionadas con la operación, que fueron acumuladas por referirse a los mismos hechos. Posteriormente, el 30 de septiembre, llegó una quinta denuncia que plantea un posible perjuicio para los fondos públicos de Planifica Madrid y de la Comunidad de Madrid.
La Comunidad insiste en que la compra fue legal
El Gobierno regional ha pedido el archivo inmediato de las actuaciones y sostiene que la adquisición del inmueble, situado en el paseo del General Martínez Campos, se realizó «plenamente» conforme a la legalidad y dentro de las competencias de Planifica Madrid.
Los servicios jurídicos autonómicos argumentan que la empresa pública tiene entre sus funciones la adquisición y gestión de patrimonio inmobiliario destinado a cubrir necesidades de la Administración y que su consejero delegado contaba con facultades para realizar operaciones de compraventa.
La Comunidad mantiene además que el precio pagado se correspondía con el valor de mercado existente en el momento de la operación y niega que la compra haya provocado un deterioro económico para la sociedad pública.
Niega que fuera una vivienda oficial para Ayuso
Otro de los argumentos del Ejecutivo madrileño es que el ático se adquirió como espacio de apoyo para las consejerías y para diferentes necesidades institucionales, un uso que posteriormente quedó plasmado mediante un contrato de arrendamiento.
El Gobierno regional insiste asimismo en que el inmueble no fue comprado como vivienda oficial para la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, una de las cuestiones que ha acompañado la polémica política sobre la operación.
El siguiente movimiento corresponde ahora a la Fiscalía. Su pronunciamiento no decidirá por sí solo el futuro del procedimiento, pero será tenido en cuenta por el Tribunal de Cuentas antes de resolver si abre diligencias de investigación o archiva definitivamente las actuaciones.
