El Gobierno de la Comunidad de Madrid niega que la huelga convocada en las universidades públicas madrileñas para los días 4 y 5 de noviembre responda a una falta de fondos. «Es evidente que no es una huelga por falta de recursos, es evidente que es una huelga totalmente política», ha sostenido el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local y portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, a preguntas de los periodistas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
Para rebatir el argumento de la infrafinanciación, el portavoz se ha remitido al modelo plurianual pactado con los rectores, que el Ejecutivo autonómico asegura estar «cumpliendo a rajatabla». García Martín lo ha cifrado en «14.800 millones más», aunque esa cantidad corresponde al total de la financiación prevista entre 2026 y 2031.
El acuerdo, firmado el 3 de marzo por Isabel Díaz Ayuso y los rectores de la Complutense, la Autónoma, la Politécnica, Alcalá, la Carlos III y la Rey Juan Carlos, prevé 14.790,7 millones para ese periodo, con una media anual de 2.465,1 millones. Según los datos de la propia Comunidad, en 2031 las universidades contarán con 549 millones adicionales del Gobierno regional.
El caso Begoña Gómez, en la polémica
El portavoz ha añadido una segunda línea de ataque, dirigida al Gobierno central. A su juicio, desde el Palacio de la Moncloa «se ha pretendido utilizar la universidad pública y enfrentarla con la Comunidad de Madrid», y ha vinculado esa acusación a unos correos electrónicos que, según ha dicho, Begoña Gómez envió al rector de la Universidad Complutense y que se han conocido este miércoles.
García Martín ha contrapuesto la dotación de medios que atribuye a su Gobierno con la situación judicial de la esposa del presidente del Gobierno, que, en sus palabras, «se va a tener que sentar en el banquillo de los acusados».
Huelga, un año después
La lectura de las plataformas universitarias es distinta a la del Ejecutivo regional. En su momento, todas las instituciones calificaron el pacto de insuficiente y sostuvieron que la transferencia nominativa a las seis universidades solo pasará de 1.166 millones a 1.646 millones en 2031.
La convocatoria llega casi un año después de la anterior huelga universitaria que se celebró el 26 y 27 de noviembre de 2025. Entonces, las seis universidades públicas pararon contra la infrafinanciación y contra el proyecto de ley autonómica de universidades (LESUC), con un seguimiento medio superior al 70%, según CCOO.
El conflicto derivó en febrero en el cese del consejero de Educación, Emilio Viciana y dos semanas después, su sucesora, Mercedes Zarzalejo, cerró el acuerdo de financiación, que la presidenta de la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas (CRUMA), Amaya Mendikoetxea, calificó entonces como un paso decisivo.