Nuevo capítulo en el pulso judicial y político que mantienen la Comunidad de Madrid y el Gobierno de España por el reparto de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas.
El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha interpuesto un tercer recurso ante el Tribunal Supremo contra el último decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez por considerar que “vuelve a vulnerar competencias autonómicas”.
Este nuevo recurso se suma a los dos anteriores que ya había registrado el Ejecutivo regional: el primero, contra el Real Decreto-ley del 18 de marzo, y el segundo, contra el Decreto de desarrollo aprobado el 22 de julio en el Consejo de Ministros.
El primer recurso fue compartido por Madrid y otras diez comunidades ante el Tribunal Constitucional, argumentando que la normativa “invadía competencias exclusivas en materia de protección de menores y asistencia social”, carecía de urgencia justificada y utilizaba una vía legislativa inadecuada para asuntos reservados a leyes orgánicas.
Posteriormente, el Gobierno madrileño presentó el 30 de julio un recurso en el Supremo contra la normativa del 22 de julio, que regula medidas para hacer frente a situaciones extraordinarias de contingencia migratoria y garantizar la protección de la infancia y adolescencia migrante procedente de Canarias.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ya adelantó en el último Consejo de Gobierno que Madrid recurriría de nuevo este decreto.
García Martín criticó entonces que el sistema de reparto “se ha pactado con partidos independentistas”, lo que, según afirmó, favorece a Cataluña y País Vasco en detrimento del resto de comunidades. A su juicio, esto genera desigualdad territorial y no asegura financiación suficiente para la atención de los menores. “No vamos a ser cómplices de una política migratoria fallida”, sostuvo el portavoz autonómico.
Además de la vía judicial, el Ejecutivo regional ha reclamado al Gobierno central la documentación empleada para elaborar el reparto forzoso, que excluye a País Vasco y Cataluña, al considerarlo “arbitrario, opaco y discriminatorio”.
