La Audiencia Nacional sienta desde este martes en el banquillo al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, acusado de amañar dos contratos del Canal de Isabel II vinculados al campo de golf del ente público. Según la Fiscalía Anticorrupción, la operación tenía un objetivo claro: beneficiar a su hermano y a su cuñado, socios de la empresa que se quedó con parte del dinero.
Junto a González se sientan otras cuatro personas. Una es Ildefonso de Miguel, director gerente del Canal entre 2003 y 2009 y los socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería, conocida como TCT, José Antonio Clemente, Pablo Manuel González, hermano del expresidente, y Juan José Caballero, su cuñado. La Fiscalía pide para todos ellos seis años de prisión por delitos de cohecho y una multa de 550.000 euros. El juicio corresponde a la pieza 2 del caso Lezo.
500.000 euros de beneficio de dinero público
Anticorrupción calcula que TCT, una empresa “sin capacidad técnica” para hacer ninguno de los trabajos que se le encargaron, obtuvo un beneficio de al menos 504.780 euros pagados con fondos públicos.
El origen de los hechos se sitúa en 2002, cuando el Canal firmó un convenio con el Ayuntamiento de Madrid para abrir al uso público algunas de sus instalaciones y convocó un concurso para cubrir su tercer depósito. En junio de 2004, la dirección del Canal, en manos de De Miguel y de González, entonces vicepresidente regional, impulsó una modificación de ese concurso “con el fin de beneficiar a familiares” del segundo. Según la Fiscalía, los cambios eran tan sustanciales que habrían exigido una nueva licitación.
Para lograrlo, siempre según el escrito del Ministerio Público, los acusados pactaron con Dragados que el Canal le adjudicaría directamente la obra a cambio de que subcontratara parte de los trabajos con TCT. Los familiares del expresidente ocultaron que eran los dueños de la empresa a través de personas interpuestas y el Consejo de Administración del Canal aprobó esa adjudicación el 19 de julio de 2006, tras la intervención de González y De Miguel.
Acuerdos en secreto con Dagrados para inflar importes
Un mes antes, Dragados ya había firmado con TCT un primer contrato de 160.204,79 euros para construir un hoyo de prueba. Con cuatro ampliaciones posteriores, el importe total subcontratado llegó a 3.067.864,83 euros. Los socios de TCT, según la Fiscalía, habían acordado en secreto con los responsables de Dragados inflar un 47% lo que iban a cobrar.
Como TCT no podía ejecutar las obras, las encargó a su vez a dos empresas especializadas, Onlygolf Planning and Design y Fieldturf España, a cambio de una comisión del 8%. Así, facturó a Dragados 3.257.039 euros por unos trabajos que a ella le costaron 2.876.010 euros, lo que le dejó un beneficio de 381.029 euros solo por hacer de intermediaria.
Según la fiscalía, los socios y el hermano del ex presidente se repartieron cerca de 300.000 euros en efectivo proveniente de dinero público.
Reparto de comisiones entre el hermano y los socios
Entre noviembre de 2006 y marzo de 2008, los socios se repartieron parte de ese dinero bajo siglas para no ser identificados. El hermano de González, oculto tras las iniciales ‘PG’, recibió 101.348 euros en veinte entregas en efectivo. El cuñado, ‘JJC’, cobró 94.425 euros en once pagos, y a Clemente, ‘JCM’, le correspondieron 71.199 euros.
El segundo contrato investigado es el de la gestión de las instalaciones deportivas del tercer depósito, que el Canal adjudicó en 2006 a una unión temporal de empresas formada por TCT, Soto Once e Iridium Concesiones de Infraestructuras.
La sociedad que crearon, Green Canal Golf, encargó a TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros al mes. Ese mismo día, TCT pasó el trabajo a Onlygolf por 7.941 euros mensuales, con lo que se embolsó unos 124.000 euros más, según la Fiscalía.