El ex fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz ha solicitado al Tribunal Constitucional (TC) que anule la condena que le impuso el Tribunal Supremo como responsable de revelación de secretos de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Lo ha hecho a través de un recurso de amparo en el que la Abogacía del Estado, que le defendió en el juicio, pide a la corte de garantías en su nombre que declare «la nulidad de la sentencia» y la «vulneración» de derechos fundamentales como la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva, la libertad de expresión o no declarar contra uno mismo.
García Ortiz fue condenado el pasado diciembre a dos años de inhabilitación para el cargo, a una multa de 7.200 euros y a indemnizar con 10.000 euros a González Amador por daños morales.
En su recurso reivindica que en su actuación «existía una finalidad institucional legítima: desmentir informaciones confusas, contradictorias y tergiversadas y defender la actuación de la Fiscalía y de los fiscales intervinientes en un asunto de gran interés público, desmintiendo las graves acusaciones que públicamente se habían vertido contra ella».
A su juicio, el Supremo hizo en su sentencia una «valoración irracional y arbitraria de los indicios» y sostuvo «la imputación de la autoría en meras inferencias abiertas, omitiendo prueba de descargo» como «el testimonio de los periodistas que explícitamente declaran que el fiscal general no es su fuente».
«Es arbitraria al dar por probado que la filtración se produjo con intervención directa, o a través de un tercero, pero con pleno conocimiento y aceptación» de él, «ya que no existe prueba auténtica ni razonamiento lógico suficiente para atribuirle ese conocimiento o aceptación si la revelación hubiera provenido de otra persona de su entorno», indica.
A la vez, apunta que la sentencia «no tiene en cuenta ni las noticias de prensa que se hacen eco del proceso penal» abierto a González Amador por presuntos delitos fiscales «mucho antes de la emisión de la nota de la Fiscalía», que es «garante de la legalidad en la transmisión de información veraz a la opinión pública».
Se refiere así a la nota de prensa que la Fiscalía difundió el 14 de marzo de 2024, «aclaratoria de lo sucedido», y que tuvo «el objetivo de defender la actuación de dicha institución», en la que se detallaban ‘emails’ de la defensa de González Amador con un fiscal en los que el novio de Ayuso admitía delitos fiscales.
«No hubo revelación en sentido típico, porque cuando se publicó la nota informativa, toda la información ya había sido difundida públicamente por distintos medios; por tanto, no se estaba descubriendo algo ignorado o secreto», argumenta García Ortiz.
Ayuso: «Una banda mafiosa»
Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha manifestado que el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, «podría indultar» a García Ortiz, a la vez que ha alertado de que España está gobernada por «una banda mafiosa».
«El fiscal general del Estado, condenado por el Supremo, fue puesto políticamente por el presidente del Gobierno para delinquir. Ahora, el presidente del Constitucional, puesto ahí a dedo como su hijo en Telefónica, podría indultarle. Puesto ahí para taparlo todo», ha escrito.
Al hilo, la dirigente madrileña ha indicado que el «segundo» del presidente, Pedro Sánchez, en el partido y en el Gobierno, en referencia al exministro de Transportes José Luis Ábalos, «pinta que acabará en prisión».
