La expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre vuelve este jueves al foco del caso Lezo, aunque lo hace en calidad de testigo. Está citada a declarar en el juicio contra quien fue durante años su número dos y posteriormente su sucesor al frente del Gobierno regional, Ignacio González.
El procedimiento se centra en las presuntas irregularidades en la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II relacionados con el campo de golf del ente público.
La Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de prisión para González y el resto de acusados por delitos de cohecho, así como una multa de 550.000 euros.
El caso que provocó la dimisión de Aguirre en 2017
La comparecencia tiene además una importante carga política. La detención de Ignacio González en abril de 2017 dentro de la operación Lezo llevó a Aguirre a presentar su dimisión como portavoz y concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid.
González había sido su vicepresidente durante buena parte de los años en los que Aguirre presidió la Comunidad de Madrid, entre 2003 y 2012, y posteriormente la sustituyó al frente del Ejecutivo regional.
En esta pieza están acusados, además de Ignacio González, el que fuera director gerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y los socios de la empresa Tecnoconcret Proyectos de Ingeniería (TCT), José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero. Estos dos últimos son, respectivamente, hermano y cuñado del expresidente madrileño.
Todos ellos han negado los hechos por los que están siendo juzgados.
La Fiscalía sostiene que se buscó beneficiar a familiares de González
La investigación se remonta a las obras para cubrir el tercer depósito del Canal de Isabel II y desarrollar posteriormente instalaciones deportivas y un campo de golf.
Según el relato de Anticorrupción, en 2004 la dirección del Canal, con Ignacio González como presidente e Ildefonso de Miguel como gerente, habría impulsado una modificación del proyecto con el objetivo de beneficiar a familiares de González.
La Fiscalía sostiene que las modificaciones introducidas eran suficientemente importantes como para haber convocado una nueva licitación, pero el contrato fue adjudicado directamente a Dragados.
Según la acusación, se impuso además como condición la subcontratación de determinados trabajos con TCT, empresa entre cuyos socios estaban el hermano y el cuñado de González.
Anticorrupción cifra en al menos 504.780 euros el beneficio que TCT habría obtenido mediante las dos adjudicaciones investigadas.
Más de tres millones en trabajos subcontratados
El Ministerio Público sostiene que Dragados acabó subcontratando con TCT trabajos por un importe total de 3,06 millones de euros.
La Fiscalía cuestiona, sin embargo, que la empresa tuviera capacidad para realizar esas actuaciones y mantiene que los trabajos acabaron siendo nuevamente subcontratados a otras sociedades.
Según su relato, TCT habría obtenido 381.029 euros por su intermediación en una de las operaciones y alrededor de otros 124.000 euros en el contrato relacionado con el mantenimiento del césped.
Anticorrupción sostiene además que parte de esos beneficios se repartieron posteriormente entre algunos de los acusados mediante entregas de dinero y utilizando siglas para identificar a los destinatarios.
Aguirre declara como testigo
Esperanza Aguirre no está acusada en esta pieza y su comparecencia se produce exclusivamente en calidad de testigo.
Su declaración llega después de que durante el juicio hayan comenzado a comparecer antiguos responsables del Canal y personas relacionadas con la adjudicación del proyecto.
El tribunal deberá determinar ahora si existió el supuesto sistema descrito por la Fiscalía para favorecer a TCT y, por extensión, a familiares del que entonces era vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
