acampada de Sol
Reyes Maroto en el Pleno de Cibeles

La batalla judicial por la acampada de la Puerta del Sol no ha terminado. Tras el revés de este miércoles en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso se plantea acudir de nuevo a ese mismo tribunal mediante un recurso de reposición, la vía que permite pedir a los magistrados que revisen su propia decisión.

Fuentes del Ejecutivo autonómico han confirmado a Europa Press que sus servicios jurídicos ya analizan esa posibilidad, para la que disponen de cinco días desde la notificación.

decreto Maricarmen
Imagen de la acampada en la Puerta del Sol.

Lo que la Sala ha rechazado es obligar de forma cautelar a la Delegación del Gobierno a disolver el campamento y no aprecia «inactividad» en su actuación, tal y como alegada el Gobierno regional. Los jueces dejan claro, además, que solo se han pronunciado sobre las cautelares y que el fondo del asunto sigue pendiente.

Maroto: «Sol sigue en pie»

La decisión judicial ha dejado lecturas opuestas. Por una parte, el Ejecutivo madrileño mantiene que la protesta es ilegal, le atribuye «graves perjuicios» para el vecindario y el comercio del centro y reitera su exigencia: «En cualquier caso, seguimos exigiendo a la Delegación del Gobierno que ejerza sus competencias y ponga fin a una acampada ilegal».

Pantallazo del mensaje en la red social ‘X’ de la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto.

Por otro lado, desde la oposición municipal, la portavoz socialista en Cibeles, Reyes Maroto, ha recibido el auto como una buena noticia y ha devuelto el foco a la falta de vivienda. «Sol sigue en pie. Ayuso y Almeida deberían dedicar a garantizar vivienda el empeño que ponen en echar a quienes la reclaman», ha escrito en X. A su juicio, a quienes piden un hogar hay que ofrecerles soluciones, y «criminalizar su protesta solo demuestra que no han entendido nada».

Las primeras tiendas se levantaron la noche del 26 de septiembre, después de la manifestación por la vivienda que siguió al desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años obligada a dejar la casa del barrio de Retiro en la que había vivido siete décadas.

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