El magistrado del Tribunal Supremo (TS) Ángel Hurtado ha acordado abrir juicio oral contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.
En un auto, el instructor da el paso con el que sienta a García Ortiz en el banquillo de los acusados, siendo la primera vez que un fiscal general del Estado se enfrenta a juicio en el Tribunal Supremo.
El auto de apertura de juicio oral llega seis semanas después de que la Sala de Apelación del TS confirmara el procesamiento de García Ortiz al considerar que impulsó y coordinó «personalmente» la filtración sobre la investigación por delitos fiscales contra González Amador.
Esta decisión se adoptó por mayoría de dos contra uno, toda vez que el magistrado Andrés Palomo emitió un voto particular discrepante.
Las penas a las que se enfrenta
García Ortiz se enfrenta a penas de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación para el cargo de jefe del Ministerio Público, como reclama una de las acusaciones populares en la causa que le atribuye un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de revelación de secretos.
El instructor envía a juicio a García Ortiz al considerar que facilitó a la ‘Cadena SER’ el contenido confidencial del correo electrónico que el abogado Carlos Neira -letrado de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso- envió el 2 de febrero de 2024 a la Fiscalía ofreciéndose a pactar en el marco de la investigación en contra del empresario por presuntos delitos fiscales.
Hurtado asegura que estos hechos -«en una valoración provisional y sin perjuicio de las calificaciones hechas por las acusaciones»- podrían ser constitutivos de un delito de relevación de secretos, recogido en el artículo 417.1 y 2 del Código Penal (CP).
No obstante, el magistrado avisa de que ello no descarta que la Sala de lo Penal pueda imponer a García Ortiz otros delitos.
Hurtado hace mención expresa al de prevaricación -artículo 404 del CP-, al de descubrimiento y revelación de secretos -del artículo 197.2 y 3 del CP- y al de infidelidad en la custodia de documentos públicos -417.1 y 2 CP-, que son dos tipos penales que también califican algunas de las acusaciones populares.
En este punto, el instructor explica que «según jurisprudencia de esta Sala, solo en el caso de que el auto de apertura de juicio oral excluya expresamente un determinado delito cabe reconocer eficacia configurativa negativa a dicho auto». «En consecuencia, no cabe acceder al sobreseimiento de las actuaciones», añade.
Fianza de 150.000 euros
Al margen de las penas de prisión e inhabilitación, la acusación que ejerce González Amador exige el pago de una indemnización de 300.000 euros.
El magistrado instructor, en el auto de apertura de juicio oral, califica de «excesiva» dicha cantidad y fija una fianza de 150.000 euros al jefe del Ministerio Público «a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias», incluida una posible indemnización por perjuicios morales a González Amador.
De todas las acusaciones personadas en la causa abierta al fiscal general, la acusación popular que ejerce la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) es la que reclama una mayor condena para García Ortiz, ya que aprecia en su actuación un delito de prevaricación en concurso medial con un delito continuado de revelación de secretos.
En concreto, pide al Supremo que le imponga seis años de cárcel y doce de inhabilitación.
Mientras, el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, ha señalado que «es inconcebible que el Fiscal General del Estado siga en su puesto y mientras el Gobierno de España actuando como juez declara su inocencia, cuando el propio Tribunal ha decretado una fianza de 150.000 euros».
