El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha calificado de «profundamente injusto e inaceptable» el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. Al mismo tiempo, se ha desvinculado del dispositivo policial desplegado para ejecutarlo y sostiene que la Policía Nacional actúa por orden judicial.
Martín se ha expresado así en su cuenta de ‘X’ donde, a través de un mensaje, ha defendido que España debe ser un Estado «tan Social como de Derecho». Pero insistió en que es la decisión judicial la que determina la actuación de los agentes.
En un comunicado, la Delegación explicó que el tamaño del despliegue, el perímetro de seguridad y quién puede cruzarlo son decisiones de los mandos policiales. Según su versión, esos mandos actúan bajo mandato judicial y en función de la situación sobre el terreno.
La Delegación respondía así a las críticas por la dureza del operativo y por el veto a la prensa. El Sindicato de Inquilinas denunció que la Policía impidió a periodistas acceder a la zona.
La institución atribuyó esa restricción a la Policía Nacional, por motivos operativos y de seguridad y negó haber dado ninguna instrucción para limitar la cobertura. Por contra, aseguró que ha pedido a los agentes que protejan a los profesionales de la información, defendió también la legitimidad de las protestas pacíficas y pidió a las instituciones respuestas que ayuden a encontrar soluciones.
La Policía inmovilizó y retiró a decenas de personas del portal, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro.
Cargas policiales
Varios furgones de antidisturbios rodearon la zona a las 6:00 horas, y decenas de agentes empezaron a cargar contra las personas acampadas para frenar el desahucio. La Policía inmovilizó y retiró a decenas de personas del portal, en la calle Alcalde Sainz de Baranda, en Retiro. El Sindicato de Inquilinas cifra en al menos 40 las personas identificadas.
Es el cuarto intento de desahucio. La presión vecinal y de las organizaciones sociales logró paralizar los tres anteriores.
La portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, telefoneó al delegado para exigirle que frenara el desahucio y pusiera fin a la violencia policial contra los manifestantes. Lo calificó de «vergonzoso y aberrante».
El piso pertenece a Urbagestión Desarrollo e Inversión SL, que compró el bloque en 2018. Maricarmen ganó en primera instancia, pero el Tribunal Supremo falló finalmente a favor del inversor.