La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves en la Asamblea de Madrid que su Gobierno recurrirá el Real Decreto 180/2026, la norma aprobada por el Ejecutivo central para regular el acceso a la sanidad pública de las personas extranjeras sin residencia legal en España.
Durante la sesión de control, Ayuso ha cargado contra lo que considera una política del Gobierno de Pedro Sánchez destinada a “reventar” los servicios públicos y ha enmarcado su rechazo en la lucha contra el llamado “turismo sanitario”. Aun así, ha matizado que la Comunidad de Madrid no va a “dejar morir en las puertas de un hospital” a nadie por su situación administrativa.
Choque con Vox en la Asamblea
El anuncio se ha producido en respuesta a una pregunta de Vox sobre el alcance del real decreto. En el debate, Ayuso ha insistido en que Madrid no tiene competencias en fronteras, extranjería o política migratoria, aunque sí ha dejado claro que llevará la batalla al terreno judicial.
La portavoz de Vox en la Cámara regional, Isabel Pérez Moñino, ha endurecido el tono al asegurar que desde 2019 se ha atendido en Madrid a “más de 700.000 ilegales” y ha cuestionado el coste económico de esa atención. También ha afirmado que la región “no puede ser el hospital del mundo” ni asumir el colapso derivado, a su juicio, de las decisiones del Gobierno central.
Qué regula el decreto del Gobierno
El Real Decreto 180/2026, de 11 de marzo, publicado en el BOE, regula el procedimiento para reconocer el derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de las personas extranjeras que se encuentren en España sin residencia legal. El texto desarrolla reglamentariamente el acceso universal a la sanidad ya recogido en la legislación estatal y busca, según su exposición de motivos, evitar barreras administrativas y homogeneizar la aplicación de ese derecho en todo el territorio.
La norma también señala que el procedimiento de solicitud se establece sin exigir una antigüedad mínima para ese reconocimiento y añade un código de identificación personal común para la gestión clínica de estas personas dentro del Sistema Nacional de Salud.
