La Audiencia Provincial de Madrid ha impuesto penas de hasta 37 años de prisión a siete integrantes de un grupo dedicado al robo en viviendas por su participación en varios asaltos y, especialmente, por el ataque cometido en febrero de 2023 contra una familia de Arroyomolinos.
Los condenados se hicieron pasar por agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para interceptar al propietario de la vivienda, secuestrarlo y torturarlo con el objetivo de averiguar dónde guardaba una importante cantidad de dinero. Después, asaltaron su domicilio, donde retuvieron y amenazaron a su mujer y a sus dos hijos menores.
La sentencia considera probados los hechos y condena a los siete acusados por los delitos que se les imputaban, con penas ajustadas al grado de participación de cada uno.
El principal responsable ha sido condenado a 37 años de cárcel, mientras que su lugarteniente, una mujer, deberá cumplir 21 años. Los otros cinco integrantes de la banda han recibido penas de entre nueve y trece años de prisión, al aplicárseles la atenuante muy cualificada de reparación del daño. Esta circunstancia se ha tenido en cuenta porque adelantaron una importante cantidad de dinero para indemnizar a las víctimas.

La resolución se produjo después de que todos los acusados reconocieran los hechos y aceptaran las conclusiones del Ministerio Fiscal, respaldadas por la acusación particular. Las defensas también mostraron su conformidad con la calificación jurídica y las penas acordadas. Todas las partes renunciaron expresamente a presentar recurso, por lo que la sentencia adquirió firmeza.
Reparto de funciones
Los hechos probados recogen que la banda desarrollaba una actividad delictiva organizada, con funciones distribuidas entre sus integrantes y el empleo de dispositivos tecnológicos para vigilar los movimientos de los residentes en las viviendas elegidas como objetivos.
En una primera etapa, tres de los condenados participaron conjuntamente en varios robos entre diciembre de 2022 y febrero de 2023. Para preparar los asaltos efectuaban vigilancias, instalaban dispositivos de grabación y geolocalización y controlaban los horarios de salida de los habitantes de los inmuebles.
El 25 de diciembre de 2022 entraron en una vivienda de Rivas-Vaciamadrid después de forzar una ventana. Del interior se llevaron joyas, relojes, un abrigo de visón y 3.500 euros en efectivo. El valor de los objetos sustraídos ascendía a 5.400 euros.

El 21 de enero de 2023 volvieron a utilizar el mismo procedimiento en una casa de Arroyomolinos. Tras acceder por una ventana y forzar una caja fuerte, consiguieron llevarse 42.000 euros y diferentes joyas.
El 2 de febrero de ese año asaltaron otra vivienda en Villaviciosa de Odón, de la que sustrajeron 3.200 euros, relojes, anillos y otras piezas de joyería. Ese mismo día trataron de entrar en un segundo inmueble de la localidad, aunque desistieron al detectar que había una persona dentro.
Secuestro y torturas en Arroyomolinos
El asalto más grave se produjo durante la madrugada del 22 de febrero de 2023. Antes de cometerlo, los acusados habían colocado un dispositivo GPS en el vehículo de uno de sus objetivos y vigilaban su domicilio mediante cámaras instaladas en un coche aparcado frente a la vivienda.
De esta manera, conocían los desplazamientos del propietario y pudieron seguirlo cuando circulaba por la R-5 en dirección a Arroyomolinos. Para detenerlo utilizaron un dispositivo luminoso similar al de los vehículos policiales.
Tres integrantes de la banda descendieron del coche con chalecos identificativos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Mostraron una placa y llevaban objetos que simulaban ser armas reglamentarias. Obligaron al conductor a salir de su vehículo, lo esposaron y le taparon los ojos con cinta americana.

Durante el desplazamiento, le golpearon en la cabeza con una pistola y le exigieron que indicara dónde guardaba el dinero que supuestamente había obtenido por organizar una fiesta. Posteriormente lo llevaron a una finca de Navalcarnero, donde prosiguieron las agresiones.
En ese lugar recibió golpes con palos en diferentes partes del cuerpo, especialmente en los glúteos y los muslos. Además, los asaltantes le colocaron pinzas de batería en los brazos y le aplicaron varias descargas eléctricas para obligarlo a revelar dónde se encontraba el dinero. También lo amenazaron con causar daño a sus familiares.
Mientras el hombre permanecía retenido, otros miembros del grupo se dirigieron a su domicilio. Accedieron al inmueble gritando ‘¡Policía!’, todavía vestidos con prendas que simulaban uniformes policiales y mostrando sus placas identificativas. En el interior estaban la esposa del propietario y sus dos hijos, de 14 y cuatro años.
Los asaltantes informaron a la mujer de que estaba detenida y de que tenía que acompañarlos. Mientras registraban el despacho y se apoderaban de 2.700 euros y varias joyas, la obligaron a abandonar la casa junto a los menores.
La banda interceptó al padre en la carretera, lo trasladó a una finca de Navalcarnero y le sometió a descargas eléctricas para averiguar dónde guardaba el dinero
Durante el traslado, uno de los asaltantes le introdujo una pistola en la boca y la amenazó con matarla si no revelaba dónde estaba el dinero. Después la metieron en el maletero de un vehículo y la llevaron hasta la finca en la que se encontraba su marido. Una vez allí, trasladaron a la mujer y a los niños hasta el lugar donde estaba el hombre, que se encontraba ensangrentado y tendido en el suelo.
Los familiares escucharon cómo seguían golpeándolo mientras permanecían encerrados en un cuarto de baño sin luz. Finalmente, cuando los integrantes de la banda comprobaron que no conseguirían más dinero, trasladaron a los cuatro miembros de la familia y los abandonaron en una calle de Moraleja de Enmedio.
El ataque tuvo consecuencias físicas y psicológicas para las víctimas. El hombre sufrió múltiples contusiones y hematomas, con un periodo de recuperación de 21 días. Su esposa desarrolló un trastorno adaptativo y estrés postraumático moderado. La hija mayor presentó un cuadro de estrés agudo postraumático que necesitó seguimiento psicológico y le dejó secuelas.
Agravante de reincidencia
A la hora de establecer las condenas, el tribunal ha valorado especialmente dos circunstancias. En el caso del principal acusado, ha aplicado la agravante de reincidencia, dado que contaba con una condena firme anterior por un delito de robo con violencia en casa habitada. Por su parte, a otros cinco condenados les ha reconocido la atenuante muy cualificada de reparación del daño.
Estos últimos habían depositado antes del juicio un total de 130.000 euros para indemnizar a la familia por los perjuicios económicos, físicos, psicológicos y morales. Cada uno aportó 26.000 euros. La Sala ha aplicado los criterios de individualización de las penas recogidos en el artículo 66 del Código Penal y ha considerado adecuadas las condenas aceptadas por las partes.

La sentencia también condena a los siete acusados por pertenencia a grupo criminal. El tribunal considera acreditada la existencia de una estructura estable y organizada, con acuerdos entre sus integrantes y un reparto de tareas, aunque sin una jerarquía definida. Su actividad estaba dirigida a cometer delitos contra el patrimonio en viviendas habitadas.
El principal acusado ha recibido una pena de 37 años de prisión por tres delitos de robo con fuerza en casa habitada, uno de ellos continuado; un delito de robo con violencia e intimidación en casa habitada con uso de armas; cuatro delitos de detención ilegal con simulación de autoridad; lesiones leves; un delito contra la integridad moral; tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.
La segunda acusada, considerada su lugarteniente, ha sido condenada a 21 años de prisión por los robos de la primera fase, su participación en el asalto violento y las detenciones ilegales, además de por falsedad documental, tenencia de armas prohibidas y pertenencia a grupo criminal.
