La Mesa de la Asamblea de Madrid no ha calificado favorablemente la Comisión de Investigación para analizar los procesos de contratación celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con la Covid-19 registrada por los partidos de izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).
Como pasara la semana pasada, el máximo órgano parlamentario ha rechazado la propuesta de la izquierda con los votos en contra del PP y la abstención de Vox. Esta vez, según han informado otras fuentes parlamentarias, se ha denegado por defecto de forma por objeto de la comparecencia.
También, han sido inadmitidas las peticiones de comparecencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y su hermano, Tomás Ayuso, por defectos formales y «contrarios al reglamento».
En declaraciones remitidas a los medios, el portavoz del PSOE, Juan Lobato, ha lamentado que el PP «de nuevo tome la decisión de bloquear esta comisión de investigación», donde aclarar «qué ha pasado» con el hermano de la presidenta y «la recompensa que obtuvo por esos contratos».
«Nos volvemos a encontrar con que el PP actúa contra la transparencia y en contra de que los madrileños conozcan la realidad. Que el PP dé la cara y responda en el parlamento», ha zanjado el también secretario general de los socialistas madrileños.
Los grupos de la oposición habían solicitado la Comisión y habían reclamado las comparecencias tras conocerse que el hermano de la Jefa del Ejecutivo regional habría percibido hasta 287.000 euros de una empresa adjudicataria de contratos de urgencia durante la pandemia.
En la Fiscalía
El asunto se encuentra, paralelamente, en la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias de investigación sobre el contrato de mascarillas vinculado a Tomás Díaz Ayuso.
Anticorrupción ha estudiado las tres denuncias presentadas el viernes pasado por PSOE, Unidas Podemos y Más Madrid en las que se pedía se investigue el contrato de emergencia.
Una vez realizado ese primer estudio, el Ministerio Público considera que puede haber trascendencia penal en la conducta y por lo tanto incoa diligencias de investigación. A partir de ahora se abre la posibilidad de que se puedan practicar actuaciones tales como requerimientos y declaraciones.
La Comunidad de Madrid envió la documentación del citado contrato a Fiscalía a través de los servicios jurídicos, señalan fuentes regionales, que recuerdan que todas denuncias que se han llevado a los tribunales contra la presidenta han sido archivadas. «Total tranquilidad porque está todo en regla», añadieron las mismas fuentes.
