Una de las últimas huelgas educativas/ Fotografía CCOO
Una de las últimas huelgas educativas/ Fotografía CCOO

La huelga convocada para los días 27, 28 y 29 de febrero en las aulas de enseñanza no universitarias de la Comunidad de Madrid está provocando una división entre los sindicatos, que dudan si mantenerse en la negociación o secundar los paros.

Algunas organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Educación de la Comunidad de Madrid se han desmarcado de momento de la huelga, al tiempo que apuestan por continuar con el proceso de negociación del nuevo acuerdo sectorial con la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades.

En concreto, el sindicato UGT, que en su día participó junto a estas formaciones en las movilizaciones para reclamar, entre otras cuestiones, la reducción del horario lectivo, y en el anuncio inicial de huelga hecho a finales de diciembre, y que a diferencia del resto sí está representado en la Mesa, no participa de esta convocatoria.

Fuentes de este sindicato subrayan que actualmente se encuentran en periodo de consulta interna sobre la propuesta de la Consejería en cuanto a la reducción de la jornada lectiva de los docentes.

UGT ha lanzado una encuesta a la afiliación, ha realizado debates en dos reuniones del equipo de delegados, recogida de opiniones en las diversas visitas a centros educativos y una asamblea de afiliados, al tiempo que siguen debatiendo y consultando en sus órganos internos, explican, por lo que a fecha de hoy no participará de la convocatoria de huelga.

También está en proceso de consulta a los docentes la Federación de Enseñanza de CC.OO. Madrid –que junto a UGT, CSIF y ANPE forman parte de la mesa–. Fuentes del sindicato, que no entran a valorar el anuncio de huelga, subrayan el actual proceso de negociación, que ya cuenta «con una propuesta encima de la mesa», comenzó tras el desbloqueo de otros paros, los convocados en mayo por sus siglas junto a UGT y CSIT-Unión Profesional.

Reducción de la jornada lectiva

Esta propuesta supone la vuelta a las 18 horas lectivas para el profesorado de Secundaria, FP y RE en dos cursos, 19 horas en el curso 2024/2025 y 18 horas en el curso 2025/2026; reducción de una hora complementaria semanal para Infantil y Primaria; dotación del cupo necesario para la puesta en marcha de estas medidas, e incorporación al acuerdo sectorial de la bajada de ratios.

Además, se dotaría, en virtud de esta propuesta, de un cupo de profesorado para la aplicación de la bajada de ratio en años correlativos, un curso por año, de acuerdo con las fuentes sindicales consultadas.

Más duro ha sido el sindicato de CSIF Madrid con esta convocatoria de huelga, la cual no entiende en medio de un proceso de «negociación constante» y sitúa esta decisión «inoportuna» y «precipitada» en un intento de «ganar notoriedad» por parte de organizaciones que, recuerda, no están en la Mesa Sectorial.

Desde este sindicato se rechaza sumarse a la convocatoria de huelga y subraya que mientras se continúe negociando «al ritmo actual» los paros son «lo último» que contemplan. En cualquier caso, CSIF advierte de que si dicho proceso no acabara «con acuerdos satisfactorio para ambas partes», no habría «nada descartado».

Un niño colorea el día del inicio del curso en un colegio (Foto: EP)
Un niño colorea el día del inicio del curso en un colegio (Foto: EP)

Los que mantienen la huelga

Sin embargo, Menos Lectivas, CGT, STEM y CNT ya han tachado de «inaceptable» el acuerdo que se plantea en la Mesa y entre sus principales reivindicaciones están la reducción de la jornada lectiva, el incremento de las retribuciones en todos los cuerpos hasta «la recuperación del poder adquisitivo perdido desde 2010», empezando «con una equiparación salarial a la media del resto de comunidades autónomas».

También se encuentra la «reducción real de las ratios de alumnado por aula» sin supresión de grupos y «ajustándose a las necesidades educativas del alumnado para garantizar la atención a la diversidad y personalizada».

Esta reducción de ratios debe incluir, a su juicio, la recuperación de las ratios previas a la resolución sobre las Aulas TEA y la «disminución drástica» del número de alumnos por orientador. También la adopción de «medidas efectivas» para la reducción de las tareas burocráticas que afectan al profesorado.

Por último, solicitan la implementación de políticas «que reduzcan la segregación escolar» y la construcción y dotación «efectivas» de nuevos centros públicos, así como el mantenimiento y adecuación de los centros antiguos, «abandonados y sin presupuestos para reformas».