El Defensor del Pueblo ha recomendado a la Comunidad de Madrid la revisión de los criterios de renta para la concesión de becas y ayudas al estudio en centros privados, al tiempo que señala que la «falta del principio de equidad» dificultaría el acceso al estudio a alumnos con rentas más bajas y «no se compensarían desigualdades socioeconómicas».
La Consejería de Educación y Universidades destinará este año 43,4 millones para más de 15.000 alumnos beneficiarios de Secundaria que cursan estudios en centros privados. Asimismo, debido a la prórroga de los presupuestos, se mantienen las mismas cuantías diferenciadas según los ingresos. En primer lugar, con una renta per cápita de hasta 10.000 euros recibirán 3.750 anuales, mientras que para las que se encuentren entre 10.000 y 35.913 euros, la cifra asciende a 2.000.
El Defensor del Pueblo, que preside Ángel Gabilondo, inició una actuación ante la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades tras recibir una queja de la Federación de la Comunidad de Madrid de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (FAPA) Francisco Giner de los Ríos en la que manifestaba su desacuerdo con el criterio de renta familiar fijado en las convocatorias para el acceso a las becas que concede la Comunidad de Madrid para cursar estudios en centros privados de Educación Infantil, Bachillerato y Formación Profesional.
En un comunicado explica que ha realizado esta recomendación con la intención de que éstas cumplan «la finalidad de compensar al alumnado con desigualdades socioeconómicas desfavorables».
El Defensor del Pueblo toma en consideración la limitación de recursos disponibles y la obligación legal de garantizar el derecho a la educación de estudiantes de familias con rentas más bajas para subrayar «la falta de adecuación al principio de equidad que supone facilitar el acceso a ayudas para estudios a alumnado con rentas altas y negar el acceso a becas de comedor escolar a alumnado que se encuentra por debajo del umbral de la pobreza».
La queja
La FAPA Francisco Giner de los Ríos manifestó en su queja que la regulación establecida por la Comunidad de Madrid no atendía a la finalidad de las becas de garantizar, en la medida de lo posible y dentro de las limitaciones presupuestarias, «la igualdad de oportunidades en el ejercicio del derecho a la educación» con el objeto de «evitar discriminaciones por razones económicas».
La Consejería, por su parte, apuntó, en un informe remitido al Defensor, que la orden 1533/2022 de 2 de junio por la que se aprobó la convocatoria de becas para el estudio de Bachillerato, vincula la concesión de las becas «a la defensa de la excelencia académica» y a la voluntad de «apoyar la libertad de elección de centro de las familias», algo que, a juicio de la defensoría, no ocurre, ya que las ayudas «se conceden sin tomar en consideración el expediente académico».
El Defensor subraya en la recomendación que «aunque no le corresponde determinar los umbrales de renta que dan acceso a las ayudas, sí ha analizado el informe recibido de la Consejería para determinar si los criterios para la fijación de esos umbrales son compatibles con la finalidad que las justifica de atender a los ciudadanos con condiciones socioeconómicas desfavorables y recomienda que éstos «sean revisados».
